La detención de Otegi

Un año después del anuncio del alto el fuego que tantas esperanzas suscitó, y que rompió ETA en diciembre, reina la mayor confusión. El de ayer fue uno de esos días en que ocurren demasiadas cosas y demasiado contradictorias. La detención de Otegi, poco después de que Rajoy acusara a Zapatero de dar un trato de favor al portavoz de Batasuna, fue la más llamativa; no sólo por ser consecuencia indirecta del temporal de nieve que le impidió llegar a tiempo al juicio en que debía comparecer como acusado, sino por haber sido precedida por una sorda batalla entre el tribunal juzgador, la Audiencia Nacional, y la Fiscalía General del Estado, que había solicitado el aplazamiento de la vista por razones procesales; encontronazo que se producía dos días después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidiera aplazar hasta después de las elecciones de mayo la vista sobre el recurso contra otra condena anterior de Otegi, que de ser confirmada le llevaría a prisión.

Estos episodios -al igual que la retirada de cargos por parte de la fiscalía ayer a última hora ya en la vista oral- tienen relevancia política, por ocurrir cuando se agota el plazo para que Batasuna haga aquello que tendría que hacer para poder participar en las elecciones locales, factor que condicionará seguramente la actitud de la izquierda abertzale en los próximos meses. La formación ilegalizada mantiene un pulso por imponer lo que considera su derecho a participar sin cumplir las condiciones que derivan de la Ley de Partidos. Zapatero reiteró ayer (en otra tensa sesión de control) que su Gobierno hará cumplir esa ley "al pie de la letra". Otegi alega que no obliga a condenar la violencia para que un nuevo partido sea inscrito legalmente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó establecido que una condena expresa del terrorismo sería exigible cuando exista sospecha de que el nuevo partido sea una mera sucesión del declarado ilegal, precisamente por su supeditación a ETA.

Cuando Otegi declara que sería un error pretender "construir la independencia desde la lucha armada" (y que no tiene por qué haber "un precio político por el fin de la violencia") parece indicar que ha entendido que, después de Barajas, necesita algo más que el discurso habitual para ser tomado en serio. Pero no saca la consecuencia lógica de ello: que nada de lo que pueda proponer Batasuna podrá ser tomado en consideración mientras no se produzca el compromiso de abandono definitivo de la violencia por parte de ETA o la desvinculación de la banda por parte de Batasuna. El atentado de Barajas ha demostrado la imposibilidad de un diálogo cuando una de las partes se reserva el derecho a presionar a bombazos en favor de sus propuestas, sea la independencia o una autonomía vasco-navarra.

El Gobierno ha hecho saber que desea que Batasuna esté en las elecciones, pero sólo si acata la ley, lo que parece poco probable en estos momentos. Sin embargo, no es indiferente, con vistas al futuro, la actitud que se mantenga ahora. Entrar a negociar las condiciones de la participación electoral sentaría un precedente peligroso para el día de mañana. Las condiciones están en la ley y su aplicación corresponde a los tribunales.