El fiscal denuncia a un ex alto cargo del PP por otorgar minicentrales a un cuñado

El entramado de 30 sociedades empresariales creado por Luis Castro Valdivia, cuñado del ex director general de Industria con el anterior gobierno del PP, Ramón Ordás, y las 16 concesiones administrativas que esas compañías recibieron de la Xunta para explotar parques eólicos y minicentrales han llegado a los juzgados. La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia observa indicios de un triple delito de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la actuación de Luis Castro Valdivia y Ramón Ordás cuando este último era acto cargo de la Xunta.

En su fundamentación jurídica, el fiscal justifica su decisión de firmar una denuncia contra Ramón Ordás y Luis Castro Valdivia "ante la complejidad de los hechos" que le impide "hacer imputaciones contundentes contra ninguno de los dos denunciados". Esa afirmación no quiere decir, no obstante, que la fiscalía haya descartado la actuación irregular del anterior director general de Industria en relación con las empresas de su cuñado. Más bien todo lo contrario. La denuncia del fiscal relata que el comportamiento del ex alto cargo y de su familiar "son constitutivos indiciariamente de un delito de tráfico de influencias, con posibilidad de entrar en concurso con otros de prevaricación y cohecho".

Los 11 folios del escrito relatan cómo la red de sociedades que tejió Luis Castro Valdivia "con el apoyo del que es su cuñado" consiguió hacerse con nueve autorizaciones para explotar minicentrales hidroeléctricas en otros tantos ríos, y siete permisos más para desarrollar parques eólicos en distintos montes de la comunidad, cuando su cuñado, Ramón Ordás, ejercía como director general de Industria. La denuncia del ministerio público revela la "ocultación de personas que se ha buscado intencionadamente para evitar el control sobre la titularidad real de los proyectos que se autorizaban" y añade que de esta forma los propietarios de las empresas han eludido "tener que constituir un Plan Eólico empresarial", tal y como exige la legislación a todo empresario individual que accede a más de un parque eólico.

El escrito acumula además unas diligencias abiertas en su día por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo que se refiere a una oscura operación que llevó a Castro Valdivia a hacerse con la propiedad de la empresa Hidroeléctrica de Ourol, SL, que también es titular de otro aprovechamiento eléctrico en el río Xanceda.

Operaciones poco claras

El fiscal detalla cómo en 2002 el Ayuntamiento de Ourol, gobernado por el PP, obtuvo permisos de la Consellería de Industria para producir energía en el cauce de ese río y creó una sociedad municipal, Hidroeléctrica de Ourol, SL. Doce meses más tarde, continúa el escrito, la citada empresa es privatizada "en circunsantancias poco claras" y el 90% del capital es adquirido por el señor Castro y otras personas".

Posteriormente y tras una serie de vicisitudes, Hidroeléctrica de Ourol transmitió los derechos sobre los citados aprovechamientos a la Sociedad Lucense de Energía Hidráulica y Eólica, SL, cuyo titular es José L. Martínez Díaz. Según el fiscal "no consta" que esta persona "tenga situación personal, ni medios financieros para llevar adelante el citado proyecto". El texto también recalca que el domicilio social de esta empresa coincide con la dirección de buena parte de las sociedades controladas por Castro Valdivia.

En la conclusión de las diligencias informativas, el fiscal del TSXG pide al juez que tome declaración en calidad de imputados a los dos denunciados y reclame de la Consellería de Industria el informe sobre la tramitación de los expedientes que autorizaron los parques eólicos a las empresas de Castro Valdivia. En la denuncia se solicita al juzgado que pida a la Seguridad Social un informe sobre los trabajadores que prestan servicio a esa treintena de sociedades. La intención de la acusación es demostrar, tal y como defiende en la denuncia, que la red de sociedades está formada por compañías de "responsabilidad limitada y capital muy escaso, que carecen de soporte personal y que no cuenta con la capacidad técnica para acometer sus proyectos energéticos".

El empresario aseguró que su parentesco con Ramón Ordás, con el que no mantiene “buenas relaciones personales”, lejos de beneficiarle le ha perjudicado en sus negocios”.