La juez Gallego sienta en el banquillo a los jefes policiales del 'caso del ácido bórico'

La juez Gemma Gallego, instructora del caso del ácido bórico, ha decidido sentar en el banquillo a los cinco máximos jefes de la Policía Científica para que respondan de delitos de falsedad documental, falso testimonio y encubrimiento. Esta juez, que es candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura al próximo Consejo del Poder Judicial, obvia el contenido del escrito de la Fiscalía de Madrid, según el cual no cabe aplicar a nadie pena de banquillo cuando no lo solicite, como ocurre en este caso, ni el fiscal ni la acusación particular.

El caso del ácido bórico surge a raíz de las pesquisas del 11-M. En casa de uno de los islamistas procesados por esta matanza la policía halló una sustancia y el juez pidió que se analizara. Tres peritos policiales concluyeron que se trataba de ácido bórico e hicieron un informe en el que ponían de relieve que una sustancia matacucarachas del mismo tipo había sido hallada cuatro años antes en casa de unos etarras detenidos en Salamanca y en la vivienda de un antisistema arrestado en 2004 en Madrid.

Al ver el informe, los jefes policiales -Francisco Ramírez, Pedro Mélida, José Andradas y Miguel Ángel Santano- ordenaron a los peritos que retiraran esas apreciaciones por ser irrelevantes para el caso. Como los peritos se negaron, los jefes hicieron otro informe señalando que la sustancia era ácido bórico, pero eliminando las citadas apreciaciones. La juez Gallego entiende que el dictamen pericial fue alterado. Por eso ve delito en este asunto y lleva a los mandos al banquillo.

Se da la circunstancia de que el argumento procesal que permitió al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, eludir el banquillo en un proceso contra él en la Audiencia Nacional no ha servido ahora. En el caso del ácido bórico ni el fiscal ni la acusación particular entienden que hay delito y, además, sostienen que, al no pedirlo ellos, los jefes policiales no deben sentarse en el banquillo. Se basan en el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice: "Si el ministerio fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa [...], el juez lo acordará". La juez Gallego tiene una visión del caso diametralmente opuesta a la de su colega Baltasar Garzón, que también instruyó parte de este caso: ella ve delito en la actuación de los jefes policiales y no en la de los peritos que analizaron el ácido bórico, al contrario que Garzón.

Pena de banquillo

La juez rechaza la pretensión de que no se sienten en el banquillo. Sostiene que no es posible equiparar el caso Botín con el del ácido bórico porque ni "el hecho delictivo, ni sus circunstancias guardan relación alguna". En el caso de Botín fue la propia Sala Penal, en una ponencia de su presidente, Javier Gómez Bermúdez, la que decidió que el presidente del Santander no debía sufrir la pena de banquillo.

La juez Gallego argumenta que esa resolución no era firme y sí "susceptible de recurso de casación". También defiende que, en todo caso, este asunto debe resolverse en el marco de las "cuestiones previas" al juicio, como ocurrió en el caso Botín. Añade, además, que la Constitución quiere que haya "paridad" entre las partes del proceso, sin distinciones, y que, además, no hay "ningún precepto legal" en el procedimiento abreviado "que recoja expresamente" que un juez no puede abrir un juicio oral si no lo piden el fiscal o la acusación. En este caso, el fiscal y la acusación particular y la Abogacía del Estado, reclaman el sobreseimiento. Sólo pide la pena de banquillo como acción popular una asociación de víctimas del 11-M que patrocina la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP.

La juez Gallego también basa sus argumentos en un reciente auto de la Audiencia de Madrid que indica que "existen indicios sólidos de la comisión de unos hechos punibles" en el caso del ácido bórico.