El interventor declara que no verificó el sobrecoste de los aparcamientos de Ortiz

El interventor del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, no aclaró ayer al juez por qué se modificó al alza el contrato de adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al contratista Enrique Ortiz. El funcionario, según fuentes del caso, aseguró que se limitó a dar el visto bueno al modificado "porque el aumento del presupuesto no superaba el límite legal del 20%". El técnico compareció como testigo en la causa abierta por supuesto trato de favor. En sumario hay seis imputados, entre ellos el promotor, el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, y dos ediles de su equipo de gobierno.

El pleno del Ayuntamiento adjudicó el 17 de enero de 2003 los tres aparcamientos subterráneos a Enrique Ortiz por un valor global de 14,8 millones de euros y un plazo de explotación de 40 años. El contrato fue modificado el 4 de julio por la junta de gobierno con un presupuesto final de 17,8 millones de euros y un período de concesión de 47 años y diez meses. El cambio del contrato, rechazado inicialmente por los técnicos de Urbanismo, fue avalado por un informe del jefe del departamento de Tráfico, Antonio Escobedo Moya.

El informe del técnico de Tráfico incluía una partida de 1,7 millones bajo el epígrafe de gastos adicionales, cifra clave a juicio de la acusación popular y del fiscal, para situar el aumento del presupuesto en el 19,9%, justo una décima por debajo del límite legal del 20%. Superada esa barrera, la junta de gobierno estaba obligada a solicitar un dictamen previo al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana para autorizar el cambio.

A preguntas del letrado de la acusación popular y del fiscal anticorrupción, el interventor admitió que "no verificó" a qué conceptos correspondía esa partida de gastos adicionales y que se limitó a dar el visto bueno al documento del jefe de Tráfico, "porque el modificado no superaba el límite legal del 20%".

En su escrito de denuncia, el fiscal mantiene "que existió un concierto previo entre el alcalde-presidente del Ayuntamiento, la concejal delegada de Urbanismo y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial". El ministerio público ha evaluado en 2.268.060 euros el quebranto económico que ha acarreado al Ayuntamiento el cambio del contrato.

La instrucción de la causa prosigue el viernes con la declaración, también como testigo, del vicesecretario del Ayuntamiento.