Jóvenes y familias medias podrán alquilar VPO con una opción de compra

Los jóvenes mileuristas y las familias con rentas medias podrán tener acceso a alquileres de viviendas de VPO con una opción de compra, figura ésta introducida en el Plan Andaluz de la Vivienda por un decreto que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en su sesión del martes, y previamente consensuado con empresarios y sindicatos. El decreto también recoge un incremento del 8,7% en los precios de los módulos que cobran los promotores por la construcción de viviendas protegidas.

La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, resaltó ayer que con esta nueva figura se pretende "incrementar de forma sustancial la oferta de vivienda protegida, adaptándola a las necesidades de la población andaluza, en función de sus niveles de renta y sus condiciones sociales". Se trata de una opción que beneficia no a las rentas más bajas, sino a rentas medias que han quedado expulsadas del mercado libre por la escalada de encarecimiento de éste.

La nueva categoría se establece para dos grupos de personas. Los jóvenes con una renta anual de hasta 2,5 veces el Índicador Público de Renta Efectos Múltiples (IPREM), unos 1.500 euros, podrán acceder a casas en alquiler de entre 50% y 70% metros cuadrados y a los siete años podrán optar por quedárselas en propiedad, caso en el que se les descontará del precio la mitad de lo abonado hasta entonces en concepto de alquiler. Hay que tener en cuenta que durante los dos primeros años, el Estado subvenciona el 40% del alquiler, y en los cinco siguientes la comunidad autónoma lo hace con un 20%.

El segundo grupo son familias con una renta de entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM, entre 16.4420 y 36.173 euros anuales, y se trata de viviendas de 90 metros cuadrados que podrán ser adquiridas al cabo de 10 años, caso en el que igualmente se computaría en el precio final la mitad de lo abonado ya en concepto de renta.

Según la consejera, la introducción de esta nueva figura se ha hecho a petición de la patronal, que ve en ella una fórmula adecuada para dar salida a ciertos suelos que los promotores tienen en stock. Gutiérrez del Castillo dijo que en principio no hay límite presupuestario para la financiación pública de estas construcciones y animó a los ayuntamientos a promover cuantas sean necesarias. "Los planes generales hay que hacerlos en función de las necesidades de la población y no de los promotores de suelo", espetó.