Ventajismo

O me dais lo que quiero o no juego. El Constituyente de 1978 no imaginó que su sabia previsión de exigir una amplia mayoría de tres quintos de diputados y senadores para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de otras altas instituciones del Estado pudiera ser utilizada de forma ventajista por los partidos para afianzar su dominio sobre dichas instituciones. El Partido Popular está dando una lección magistral, al tiempo que burda y descarada, de ese ventajismo, exigiendo una cuota de nueve vocales afines sobre los 20 que integran el Consejo, a cambio de aportar los votos que son imprescindibles para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace cinco meses.

La pretensión del PP sería atendible si correspondiera a su actual peso parlamentario, cosa que no ocurre. Pero más grave es que su finalidad sea disponer de una minoría de bloqueo que impida al nuevo CGPJ actuar con normalidad. Y ello sucedería si un grupo de vocales afines a una sola formación política tuviera en sus manos la capacidad de impedir o condicionar unilateralmente la formación de las mayorías necesarias para tomar decisiones. Tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, auspiciada por los socialistas, esa mayoría se elevó a los tres quintos de los vocales del Consejo -12 de ellos y, en todo caso, el presidente- para las cuestiones más trascendentales, en especial los nombramientos de los altos cargos judiciales.

El objetivo de esta reforma fue muy concreto: romper la división en dos bloques agudizada hasta el sectarismo del actual Consejo, elegido en noviembre de 2001 conforme a la mayoría absoluta del PP, y forzar el consenso entre mayorías y minorías, al menos en los asuntos judiciales más importantes. Pero mal se conseguiría ese objetivo si un grupo de vocales afines a un partido político pudiera por sí mismo y de manera sistemática bloquear o condicionar la toma de decisiones mayoritarias. Es posible que los vocales del PP tengan dificultades para entenderse o llegar a acuerdos con vocales afines a otras fuerzas políticas. Es el caso, según señala el PP, de las formaciones nacionalistas. Pero este partido debería reflexionar sobre los motivos de esa dificultad y no pretender obviarla mediante la creación de grupos compactos y cerrados de magistrados y juristas afines en el seno de las instituciones.

Aunque el verdadero objetivo del PP quizás sea, en lo referente al actual Consejo, llegar a las próximas elecciones generales y tentar la suerte de las urnas para, si le son propicias, poner en pie uno nuevo a su medida. Su rédito político sería inmenso, tanto como el destrozo institucional.