El Constitucional admite el recurso de Aguirre contra la norma sobre bancos de cordones

La creación de bancos de sangre de cordón umbilical es uno de los temas -junto con las listas de espera, la financiación sanitaria, y la ley del tabaco- que mantiene enfrentadas a las administraciones sanitarias del Estado y de la Comunidad. El enésimo capítulo de esta pugna lo escribirá el Tribunal Constitucional. Los jueces han admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Esperanza Aguirre el 25 de enero contra el Real Decreto que regula este tipo de bancos. Estos centros cobran unos 1.500 euros por preservar la sangre del cordón de los recién nacidos para utilizarla con fines terapéuticos en futuras enfermedades.

El recurso consiste en un conflicto de competencias, es decir, que la Comunidad considera que el Gobierno de Zapatero se ha inmiscuido en las atribuciones sanitarias propias de las comunidades. El Ministerio de Sanidad tiene ahora un plazo de 20 días para presentar sus alegaciones.

Además del conflicto de competencias planteado por la Comunidad, es uno de los puntos de la norma el que no gusta en la Consejería de Sanidad, dirigida por Manuel Lamela. La norma obliga a las empresas que monten los bancos a ceder la sangre almacenada si alguien la necesita, incluso si los padres no dan su consentimiento.

Esa medida, según el Ejecutivo regional, "ataca la libertad de las empresas y la de los padres que quieran guardar sangre de sus hijos". Aún así, dos empresas privadas, Crio-Cord y Vidacord, han presentado ya sus licencias para actuar en Madrid de acuerdo con los requisitos impuestos por el Gobierno. Ambas han manifestado que aunque acatan la norma no están de acuerdo con ella.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aún no ha explicado qué ocurrió en el caso de los 140 cordones tirados a la basura en banco público de cordones del Hospital 12 de Ocubre. Esta sangre fue almacenada voluntariamente por 140 mujeres, pero el centro tuvo que deshacerse de ella por falta de personal para procesarla debidamente. La respuesta de la Consejería después de tres meses es siempre la misma: "Seguimos investigando".