Archivada la querella por estafa contra los urbanizadores de Terres Cavades

No habrá juicio por el caso Terres Cavades, de momento. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona decidió ayer el archivo provisional de una querella presentada por 22 ex propietarios, que habían acusado de estafa, coacción y tráfico de influencias, entre otros presuntos delitos, a una docena de empresarios y cargos políticos de Tarragona, entre ellos el dimitido concejal de Urbanismo, Ángel Fernández (CiU), que tenían un proyecto de construir 4.800 viviendas en la zona.

Los querellantes acusaban a Fernández de formar parte de un entramado político y empresarial que les forzó a vender a bajo precio sus fincas en Terres Cavades. Esta zona es un ensanche natural de Tarragona, cuya urbanización frenó la Generalitat al considerar que Fernández, como marca la ley, debía haberse abstenido en las votaciones en los plenarios donde se aprobó el plan de urbanización de Terres Cavades porque uno de sus hermanos tenía intereses en la empresa que iba a construir las viviendas. Si Fernández, que acabó dimitiendo, se hubiese abstenido, el plan no hubiese tirado adelante. Más tarde se supo que, además, él mismo era dueño de una parte de la citada constructora.

Paralelamente a este proceso administrativo, que puso fin al mayor proyecto urbanístico de la historia de Tarragona, los ex propietarios impulsaron otro proceso judicial tras conocer que el senador convergente y ex presidente del puerto de Tarragona, Lluís Badía, que vendió una parcela en Terres Cavades por un precio mucho mayor del que lo hicieron ellos. Badía vendió por 4,4 millones 2,8 hectáreas en 2003. Los querellantes defendían que por parcelas similares cobraron, años antes, 180.000 euros. Por aquellas fechas, Badía, en calidad de presidente del puerto, concedió la construcción de un edificio de oficinas en la zona portuaria al principal socio de Terres Cavades. El juez tampoco ve delito en este caso.

El juez tampoco advierte delito en las operaciones de compra-venta. Si los querellantes aseguraron sentirse "estafados", el juez responde que difícilmente pueden sostener esta imputación los hijos de quienes negociaron la venta, que no participaron en las negociaciones. En cinco de los once casos, los vendedores ya han fallecido y en otros dos presentan certificados médicos de demencia senil. Si los querellantes acusaron a los compradores de "coacciones" argumentando que los vendedores les dijeron que "les iban a expropiar" o que "por allí iba a pasar una carretera", el juez indica que el planeamiento urbanístico de Tarragona desde 1995 deja muy claro que aquél es un terreno urbanizable y que todo el mundo debería saber "algo tan básico" como que si en una parcela concreta está prevista una zona verde, el vendedor mantendrá su patrimonio íntegro, pero en otra zona.

El juez condena por "contrario a la ética pública" el comportamiento de Fernández, aunque deja claro que su participación en la sociedad que debía construir las viviendas "no constituye delito".

Felip Puig, portavoz de CiU en el Parlament, aseguró ayer que, con el archivo del caso ha quedado "archivada" la "gran campaña de desprestigio y criminalización" llevada a cabo por el PSC. Puig añadió que el Gobierno catalán no ha sido imparcial en este asunto.