"Creo que Batasuna no condenará la violencia"

Mariano Fernández Bermejo, 59 años, apenas conocía al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando éste le invitó al Palacio de la Moncloa, la tarde del 7 de febrero. Aunque, como él mismo suele decir, soñar es gratis, este fiscal de toda la vida jamás había atisbado la posibilidad de ser ministro. Al oír la decisión de labios del presidente, le preguntó: "¿Estás seguro de que quieres que yo sea ministro de Justicia?". Zapatero le dijo que "absolutamente". "Te lo pregunto porque el que no está seguro soy yo", apuntó Fernández Bermejo.

"ETA hablaba de un alto el fuego, y Batasuna se fundamentaba en eso para muchas cosas. Esa tregua saltó por los aires en forma de muertos"

"El PP está dirigido por un grupo de frustrados. Esta descripción no es peyorativa. Perdieron unas elecciones con expectativas de ganarlas"

"El PP no hubiese podido movilizar a la gente diciendo la verdad. La mentira es rentable al menos a corto plazo; a la larga, ya se verá"

"No nos podemos permitir el lujo de que la Sala del 61 (que juzga a Batasuna) esté bajo sospecha. Si algo se ha hecho mal hay que rectificarlo"

"Llevan meses impidiendo la renovación del CGPJ"

"Un CGPJ en funciones no es el mismo que el constitucional"

Esta decisión, "que no podía no aceptar", rememora Fernández Bermejo la tarde del viernes pasado, en su despacho de la calle de San Bernardo, cayó cuando ya estaba "normalizada" su vida como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, tras los años de plomo de la depuración que sufrió por iniciativa del entonces ministro José María Michavila y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. "Eso sí, a los minutos de aceptar el cargo, ya generaba la adrenalina de otras épocas", bromea. Hace poco más de un mes que trabaja bajo el retrato de Manuel Alonso Martínez, pero parece que llevara aquí toda la legislatura. He aquí los tramos de la amplia conversación que mantuvo con EL PAÍS:

Pregunta. Hemos llegado al límite de plazos para los dirigentes de la Batasuna ilegalizada. ¿Cuáles son las posibilidades de que Otegi y los suyos presenten un proyecto de partido en regla para las elecciones de mayo? ¿Está trabajando usted en esto o simplemente espera el momento?

Respuesta. Trabajo en este asunto desde que llegué aquí. Nosotros no podemos limitarnos a esperar. El servicio jurídico del Estado está absolutamente en tensión. Era un tema en ciernes cuando llegué. Esta mañana hemos tenido la última reunión con el Ministerio del Interior a nivel técnico. Tenemos en marcha un operativo, sobre el cual lógicamente debo ser discreto. Su finalidad es que la ley se cumpla. Es sencillo: hay una Ley de Partidos vigente y debe cumplirse. Esa ley debe mantenerse mientras existan en este país grupos que no aceptan el juego democrático. Y debe aplicarse con la contundencia que exige el momento. Batasuna está ilegalizada, por tanto, no puede comparecer en las actuales condiciones. Pero sí puede intentar, y lo hará, naturalmente que lo hará, comparecer con otras alternativas. Desde su ilegalización, han ido afinando sus métodos en cada una de las sucesivas elecciones. Siempre han tenido un plan a, b y c, como opciones que ponían en marcha sucesivamente. A mí me tocó ilegalizar la marca Aukera Gustiak. No hubo problemas. Demostramos que era una sucesión de Batasuna con las pruebas que según el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional hay que aportar a un tribunal para demostrar que determinado partido o agrupación, en aquel caso una agrupación, era continuidad o sucesión de la ya ilegalizada. Se consiguió y punto. Y ahora vamos a un escenario que tendrá un parecido enorme, porque se intentará de nuevo...

P. ¿Con o sin trampa...?

R. Hay un modo de hacerlo legítimamente. Ya saben cuál es: atenerse a la legalidad democrática. Cumplir estrictamente la Ley de Partidos. En ese caso no habrá problemas. Pero, claro, uno tiene la sospecha...

P. Describa qué tienen que hacer para cumplir la ley.

R. Estamos hablando de un colectivo que ha sido ilegalizado, de alguien sobre el que ya se ha declarado su vinculación con una organización terrorista, razón de su colocación fuera de la ley. Si ahora se pretendiera acudir a las elecciones locales legalmente, debería quedar meridianamente clara la desvinculación. Por ahí hay que empezar. La condena de la violencia terrorista. Sin esta condena no hay viabilidad. ¿Cómo se va a creer nadie que hay una voluntad democrática si alguien que ha sido ilegalizado por su vinculación, por dar cobertura política al terrorismo, no se desvincula de esa situación? Por ahí hay que empezar. Si eso no se hace, es inviable.

P. Aunque la ley no exige la condena explícita de la violencia, ¿no es acaso una condición tanto más ineludible cuando ETA acaba de atentar en la T-4 de Barajas con el saldo de dos muertos?

R. Sí, claro, ése es el tema. Quizá desde el mundo de Batasuna las cosas se vean de otra manera. Supongo que ellos lo verán de otra manera. Pero no es nuestra manera de ver este tema. Para nosotros, lo que ha habido es gravísimo. Porque la organización terrorista ETA hablaba de un alto el fuego y Batasuna se fundamentaba en esa tregua para muchas cosas, y de repente, unilateralmente, esa tregua saltó por los aires en forma de muertos. No puedo aceptar el discurso del accidente, vamos. Es un sarcasmo que no vamos a tolerar. No hay accidentes en estas cosas. Cuando se coloca la dinamita ocurre exactamente eso. Nadie se puede llamar a andanas ahora. El tema está como está. Conclusión: en estas circunstancias hay que resultar muy convincente. ¡Ellos saben cómo tienen que hacerlo, si no...! El tema es que uno tiene que estar preparado para lo cree que va a venir, que es que no lo van a hacer. Y a partir de ahí, el Estado democrático se tiene que defender. No podemos seguir en un juego en el que no estamos dispuestos a seguir.

P. No pasan, pues, por el aro.

R. ... A mí me gustaría que sí. Sería magnífico. Y sería más fenomenal todavía que ETA anuncie el abandono de las armas. Sería maravilloso. Pero a uno le pagan para estar aquí pensando que las cosas son de otro modo ...y para actuar en consecuencia.

P. Podría darse que condenaran la violencia sin que ETA diga que lo deja.

R. Bueno, aquí se pueden dar todos los escenarios y hay que ver qué hacer luego, es decir, cómo valoramos jurídicamente eso. Lo que quería decir es que, como soñar es gratis, la inmensa mayoría de este país desea en este momento que ETA anunciara que se disuelve... Es que si eso ocurriera, habría desaparecido la razón de ser de todo lo demás...

P. ¿Ya sabe usted lo que ha pasado con el ingreso de un magistrado conservador en la Sala del Tribunal Supremo que decidirá sobre la legalización de la ex Batasuna y a quien no le correspondía estar allí?, ¿cómo se va a reparar la situación? ¿El magistrado que no debió ser destinado a esa Sala, la del 61, será enviado a otra Sala, y la magistrado progresista que debió ir a ella por ley será designada allí?

R. Pues algo más sé yo, y también mis colaboradores que están trabajando sobre ello. Ha habido cierta confusión, pero vamos sabiendo qué ocurrió. Hay un escrito del secretario general del CGPJ [Celso Rodríguez Padrón] que lo aclara bastante. Allí se pone de relieve que ha habido unas instrucciones del presidente

[del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando]. Esas instrucciones se han traducido en que las cosas han salido bastante raras. Quiero dejar claro que no puedo ni quiero hablar de malas intenciones o de manipulación. No. Aclarado por delante esto, sí quiero decir que algo se ha hecho mal. Algo se ha tenido que hacer mal porque el resultado es obvio. Los servicios jurídicos están analizando la situación. Desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, no nos podemos permitir el lujo de que la Sala del 61 esté bajo sospecha. De ninguna manera. Por tanto, si se confirma que algo se ha hecho mal y que el resultado es que no está allí quien debe estar, hay que rectificarlo. Porque el escenario de una Sala del 61 bajo sospecha de mala constitución no es el escenario en el que debe trabajar la Justicia.

P. ¿Esto no nos lleva, acaso, a un problema con el que se ha enfrentado el llamado proceso de paz desde sus comienzos? A saber: ¿cómo lanzarse en un mundo judicial donde sobrevive el poder de la derecha en las instituciones?

R. Cuando ese proceso comenzó, yo no estaba aquí, pero tengo razones para afirmar que el Gobierno, este Gobierno, no podía dudarlo. Se daban unas condiciones que permitían vislumbrar una posibilidad de andar ese camino y todo Gobierno tiene la obligación de hacerlo. No se puede decir no por unas razones que también hay que matizar. Es verdad que el paisaje de una justicia después de una época de mayoría absoluta está ahí...

P. Ésa fue una de sus reflexiones en voz alta nada más llegar a este despacho.

R. Sí, pero distingamos entre el Consejo General del Poder Judicial y la Justicia. El Consejo es una cosa, un órgano político-administrativo de gobierno de los jueces, con unas reglas de juego de carácter político, y la Justicia es otra cosa. Es cierto que después de ocho años de gobierno de la derecha, la última mitad con mayoría absoluta, hay rastros en puntos clave de la Justicia. Hay rastros procedentes de un Gobierno de la derecha, me parecen obvios, pero existe suficiente grado de credibilidad en la Justicia como para que no fuera considerada un obstáculo. Creo que hay mucha responsabilidad en la Justicia, un altísimo grado de responsabilidad; el problema no está ahí. Lo que acabamos de ver en la Sala del 61 nos sitúa, precisamente, en el CGPJ, no en la jurisdicción. Insisto en que alguien ha tomado una decisión, y no quiero hablar de intenciones, que ha producido un resultado anómalo. Habrá que rectificarlo, pero estamos hablando de un ámbito que no es la jurisdicción, sino de quienes gobiernan la jurisdicción. El problema durante el proceso de paz, entiendo, no ha sido la Justicia, la jurisdicción. A mí me parece que la clave de lo que ha ocurrido es otra, muy distinta.

P. ¿Cuál es esa clave?

R. Es lo que ha ocurrido con el núcleo duro de dirigentes del pasado que perdieron las elecciones el 14 de marzo de 2004 y que no han aceptado la derrota. Y que no se resignan a tenerse que ir. Si hubiesen sido dirigentes responsables que uno presume en ellos de cara a su partido, se hubieran ido... Se pierden unas elecciones como se perdieron y lo lógico es que se marcharan.

P. O corregido el rumbo...

R. Siempre que tengas la capacidad para corregirlo. Pero el problema es que se quedan para transmitir su frustración al partido. Tenemos un gran partido, el Partido Popular, que tiene capacidad para gobernar este país y que lo hará en algún momento, espero yo que muy tarde, pero ese partido está ahora mismo dirigido por un grupo de frustrados, de gente que ha sufrido una enorme frustración. Esta descripción no tiene un átomo de sentido peyorativo o acritud. Se pierden unas elecciones en las que hay unas expectativas de ganarlas. Se pierden porque se han cometido errores gravísimos. No nos confundamos: hay un enfrentamiento con la mayoría de los españoles a raíz del apoyo del Gobierno del Partido Popular a la guerra de Irak. Hay un atentado por parte de un grupo terrorista internacional y hay una gestión pésima de esa crisis que hemos visto adónde condujo. En este marco, hay un grupo de personas que se derrumban, se caen, y que no son capaces de superar el trauma de frustración. No sólo eso: se lo transmiten a la estructura del partido y la convierten en su estrategia. Y se lanzan por un camino enloquecido, en una escalada de confusión, de crispación, animando un ataque brutal contra las instituciones. Aquí está el problema. Volvamos ahora a la pregunta planteada: un Gobierno advierte una posibilidad de éxito en el gran problema que ha tenido este país durante los últimos cuarenta años, está, pues, obligado a explorarla, y no creo que ni éste ni ningún Gobierno haya tenido la idea de que en el horizonte la Justicia podía ser un obstáculo. No, la Justicia no. Por eso: distingamos entre lo que es el gobierno de los jueces, el CGPJ, con la importancia que pueda tener en este momento, que entiendo como muy coyuntural, y la Justicia. La Justicia no hubiera sido obstáculo. El gran obstáculo es la estrategia de acoso y derribo y de tierra quemada del PP. Mejor dicho, de quienes lo dirigen ahora.

P. ¿No cree que ha podido haber una sobreactuación judicial durante todo el periodo del alto el fuego de ETA?

R. Veamos. Cuando hablamos de la entrada en el proceso de paz, uno tiene que dar un paso previo, debe mirar hacia el campo político. Hay que crear unas condiciones en el ámbito político, y cuando se consiguen, entonces se avanza. Analicemos: tenemos una foto fija en la cual hay cese de la violencia y una manifestación de la banda terrorista ETA sobre el alto el fuego permanente. Este nuevo marco, con todos los matices del caso, genera unas expectativas en el terreno político en un marco judicial que es el que es y que continúa con su dinámica. Insisto: no pidamos al sistema judicial que se transforme y actúe como si ETA hubiese dejado las armas definitivamente y el entorno de Batasuna aceptase, inequívocamente, la legalidad democrática porque le estaríamos pidiendo algo imposible. Es que ese no es el escenario. La Justicia, ante una etapa provisional, que, por otra parte, ya ha tenido lugar en muchas veces, actúa con una lógica que es la que le corresponde. Ha habido matices. En las dos direcciones. Pero son anécdotas.

P. ¿Acaso el caso de Juana no es un botón de muestra de esa sobreactuación?

R. Es paradigmático, pero de lo que yo acabo de decir. La Justicia ha actuado en su lógica. La Audiencia Nacional en la suya. Si echamos un vistazo a las resoluciones de la Audiencia Nacional que han sido revisadas por el Tribunal Supremo a la baja veríamos que el porcentaje es altísimo, lo mismo que resoluciones de otros tribunales inferiores. Para eso está el Tribunal Supremo. Y no tiene nada de particular en el caso De Juana. Una petición de pena que se explica mal, una sentencia condenatoria de doce años y siete meses, un recurso y una rebaja sustancial. El Supremo dice la última palabra: tres años. Es el sistema ha funcionando con normalidad. ¿Qué ha habido anomalías? Yo las que veo no son las del funcionamiento de la Justicia. Son otras. Me parece un ejercicio de hipocresía brutal por parte de la oposición, que utiliza un hecho que no debería haber pasado de una anécdota, y lo transforma en un verdadero mito. Y no es casual: se ha aprovechado una inercia que se llevaba y se ha intentado catalizar con De Juana una oposición por esos mismos dirigentes que desde el poder gestionaron la política penitenciaria con criterios diametralmente contrarios a los que ahora invoca al dirigirse al Gobierno. Han puesto en pie un castillo de manipulación y mentira al servicio de la oposición. Nunca han dicho la verdad. El PP ha mentido en todo. No es verdad que el Gobierno ha puesto en la calle a un asesino. Ha resuelto una medida de prisión atenuada, confirmada por el juez de vigilancia penitenciaria, sobre la base de informes médicos acreditados. Tampoco es cierto que esa medida se aplica a un asesino que cumplía condena por asesinar a 25 personas. Este señor había cumplido su condena, pagó las deudas a la sociedad por muy asesino que sea. Estaba en la cárcel condenado por amenazas. De los tres años de prisión que debía cumplir llevaba año y medio. ¿Por qué se miente de esta manera? Porque la verdad no vende. El PP no hubiese podido movilizar a la gente diciendo la verdad. La mentira es rentable al menos a corto plazo, a medio plazo menos y a la larga ya se verá. Todo lo que se ha hecho es construir un edificio de mentiras y manipulaciones de una realidad difícil de gestionar, cosa que nuestros opositores saben bien. Sí, muy difícil de administrar. El Gobierno ha tenido que optar en el caso De Juana entre una mala decisión y otra peor. Y, bueno, pues la menos mala. ¿Libertad? No, prisión atenuada.

P. ¿El Gobierno no debería haberse aplicado más a explicar lo que ha ocurrido?

R. Sí, seguramente. Primero, la prisión atenuada de este sujeto, hablamos de una medida que al propio Gobierno no le gusta. Es la menos mala de las soluciones. El Gobierno tiene la obligación de que no se le muera en prisión. El Tribunal Constitucional lo tiene dicho. De ahí nos viene el mandato de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Es una obligación. El Gobierno no podía hacer otra cosa que optar por mantener a este sujeto con vida. El sistema lo tiene previsto.

P. Queda prácticamente menos de un año para el final de la legislatura si se mantiene el calendario de agotar el periodo y usted está empeñado en lograr la asignatura pendiente de renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué va a hacer para lograrlo?

R. Partimos de una evidencia reconocida. A mí se me ha recibido con estos vítores tan amables de la derecha que saludaban poco menos que al diablo. Pero hete aquí que el 28 de febrero pasado el pleno del CGPJ llega a un acuerdo, casi por unanimidad. Me felicita por mi llegada al cargo, lo que es un gesto de educación que en la justicia todavía se lleva. Y añade que el Consejo ya ha cumplido con sus obligaciones para su renovación y que cuanto antes las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo. Agrega también que estima estar actuando en la legalidad, una cosa que yo jamás he puesto en duda. Bien. Parece que estamos de acuerdo: el CGPJ en funciones no está en las mejores condiciones para seguir actuando y debe renovarse. Lo que estoy haciendo, en consecuencia, es insistir en que el PP deje de una vez de bloquear ese acuerdo. Ahora resulta que el último pretexto de dicho bloqueo soy yo.

P. ¿Por qué va el PP a cambiar una estrategia que tan buenos resultados le ha dado en el ámbito judicial y político?

R. La maniobra es evidente. Llevan largos meses impidiendo la renovación porque este CGPJ les va bien. Están de espaldas a una realidad parlamentaria diferente de cuando se formó el Consejo, pero sobre todo a algo obvio: este Consejo ya no es constitucional. Por no tener, no tiene ni el número de miembros que debiera tener. Pero eso a la derecha no le importa. Pero nos debe preocupar. Porque la Constitución prevé 20 miembros y un presidente. Pues ya no los tiene. Los va perdiendo. Y perderá más ya que la gente envejece y se jubila. Si seguimos así... El mandato de cinco años se ha cumplido, perdiéndose así el marchamo de legitimidad. Sigue siendo legal porque la ley no le prohíbe seguir actuando en funciones, pero todos sabemos, incluyendo al actual CGPJ, que un órgano en funciones no es el mismo que el que estaba en plazo constitucional. Lo voy a intentar con dedicación. Creo que puedo hacer una buena oferta de renovación.

P. ¿Cuál?

R. Me gustaría que refleje mejor la realidad de lo que la polarización actual permite. Y ésta es mi oferta.