La Audiencia mantiene en la cárcel a Julián Muñoz por persistir el riesgo de fuga

El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz deberá permanecer en la prisión de Jaén después de que la Audiencia Provincial de Málaga haya desestimado el recurso interpuesto por su defensa para pedir su libertad provisional "por razones humanitarias y de salud". La sala considera que persiste el riesgo de que el ex regidor marbellí -en prisión desde el pasado 20 de julio por la operación Malaya- se fugue para eludir la acción de la justicia, y estima que el tratamiento de los problemas de salud que sufre Muñoz "puede realizarse en el medio penitenciario".

El único punto en el que los magistrados de la sección tercera de la Audiencia malagueña dan la razón a la defensa de Muñoz, encabezada por el letrado Javier Saavedra, es en el arraigo en Marbella del que fue su regidor entre mayo de 2002 y agosto de 2003. En un auto de nueve páginas con varios párrafos de 70 líneas sin un punto y seguido, los magistrados consideran acreditado el arraigo de Muñoz tanto en el aspecto familiar como en el laboral. Sin embargo, de esta circunstancia "no cabe colegir en términos generales, como por su parte se pretende, la ineludible consecuencia del la eliminación del riesgo de fuga", afirma el auto.

La sala considera que la naturaleza de los delitos de cohecho y malversación que se le imputan a Muñoz en el caso Malaya, la gravedad de las penas que se le pueden imponer y su "posición en el entramado delictivo" destapado por el juez Miguel Ángel Torres hacen que persista el riesgo de fuga.

En una vista celebrada el pasado día 7 para analizar el recurso presentado por la defensa de Muñoz contra la decisión del juez instructor del caso Malaya de mantener al ex alcalde en prisión, el abogado Javier Saavedra, aludió a "razones humanitarias y de salud" para pedir la libertad provisional de su cliente. Esta estrategia llegó apenas seis días después de que el Ministerio del Interior decretara el traslado del preso etarra Iñaki de Juana Chaos a un hospital de San Sebastián para evitar que muriera tras 115 días en huelga de hambre.

Sobre los problemas de salud de Julián Muñoz, que sufre, entre otras enfermedades, diabetes, insuficiencias circulatorias y problemas arteriales, la sala afirma en su resolución que carece de datos para contradecir lo recogido en el informe de la médico forense de la prisión de Jaén, en el que se precisa que "el control de las patologías que sufre el ex alcalde puede realizarse en el medio penitenciario siempre que se lleven a cabo las recomendaciones y los tratamientos prescritos".

El Tribunal determina que actualmente no existen elementos de prueba para poder aplicar el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se indica que se podrá acordar la prisión provisional en el domicilio "cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud". En este punto, considera que por la defensa "no ha sido aportado documento alguno expedido por el personal médico del centro penitenciario contradictorio de lo anteriormente señalado", en referencia al informe de la forense.

La Sala apunta que esta resolución no es óbice para que el magistrado instructor del caso Malaya pueda en su momento variar la situación penitenciaria de Muñoz "a la vista de nuevos informes médicos" o para que se mantengan sus derechos a asistencia sanitaria, en el caso de que los servicios médicos de la cárcel consideren que puedan producirse "reagudizaciones" que puedan derivar en "un supuesto de urgencia vital o grave peligro para su salud".

Relojes

El levantamiento del secreto del sumario del caso Malaya sigue deparando detalles sobre la mayor trama de corrupción destapada hasta ahora en España. Uno de ellos es un informe del grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía sobre los valiosos regalos comprados con dinero negro que hacía el supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística, Juan Antonio Roca a empresarios y constructores para cancelar las deudas.

Roca compró al empresario imputado Sabino Falconieri con fondos ilícitos sortijas y artículos de relojería valorados en más de 1,5 millones de euros, según el informe. El ex asesor urbanístico no sólo entregaba estos artículos a empresarios, sino también a cargos de confianza, concejales y a sus supuestos testaferros para "obsequiarlos generosamente" o como pagos en especie, asegura la Policía.