La gestora defiende la actuación de la Junta

"Culpar a la Junta de Andalucía de lo ocurrido en Marbella es como culpar a la policía de la situación en el País Vasco". El vocal de Urbanismo en la comisión gestora de Marbella, Rafael Duarte, salió ayer en defensa del control urbanístico que la administración autonómica ha ejercido en Marbella y que nuevamente se ha puesto en cuestión en el debate político entre partidos tras conocerse un auto del juez instructor del caso Malaya en el que responsabiliza a la Junta de la situación en la ciudad porque "no supo, no quiso o no pudo" ejercer sus competencias.

Duarte recordó también que la Junta no cobra por las licencias de obra, que son tasas municipales. Hay un impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales que graba el traspaso de las viviendas a partir de la segunda venta. "Estos impuestos necesariamente se tienen que cobrar porque hay una transación", dijo Duarte, quien agregó: "Pensar que una administración se beneficia por aplicar la ley me parece dudoso".

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, volvió ayer de nuevo a insistir en el asunto, y proclamó que la Junta no ha cobrado ningún impuesto sobre transación patrimonial ilegal", informa Europa Press. "Qué me quieren decir, que de una casa que se vendía y que era objeto de transmisión y que no había sido ilegalizada por ningún juez no se podía cobrar ningún impuesto, e iría a beneficiar a los compradores y a los vendedores?", inquirió Chaves,

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, dio ayer un paso más en su exigencia a la Junta de que devuelva "los impuestos cobrados por licencias ilegales", y cuantificó la cifra en 100 millones de euros, aunque no explicó por qué esa cantidad ni como realiza el cálculo.

El auto del juez ha levantado una marejada política a la que se sumaron también PP y PA.

Los andalucistas han presentado un escrito en el Parlamento en el que piden al Gobierno que informe de los impuestos recaudados de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados por las transferencias de viviendas cuyas licencias hayan sido declaradas ilegales, y también que se determine el montante del IVA recaudado por el Estado.

El coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, para quien el auto del juez es un "auténtico rapapolvo" a la Junta, pidió una investigación para esclarecer las posibles responsabilidades del Gobierno andaluz en lo ocurrido en Marbella.