El juez imputa al número dos del contratista Ortiz por el 'caso de los aparcamientos'

Entró como testigo y salió como acusado. El titular del Juzgado número 8 de Alicante imputó ayer al director de la división de construcción del Grupo Ortiz, Santiago Bernálbez, por supuesto trato de favor en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al contratista por parte del Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP. El magistrado acordó la imputación del directivo al que había citado como testigo al asumir la responsabilidad de todos los cambios introducidos en el proyecto, ventajosos, según la Fiscalía Anticorrupción, para el empresario.

El directivo aseguró al magistrado que "tenía plenos poderes para cambiar los proyectos". Tras esta declaración el juez lo citó, en este caso como imputado, para el próximo día 24 de abril. El letrado de la acusación popular mostró su desconfianza ante la aseveración del ejecutivo, "ya que es difícil creer que Bernálbez tenga esa competencia sin el consentimiento de su jefe", precisó. "Intenta exculpar al dueño de la empresa", añadió.

Con la imputación del directivo del grupo Ortiz son ya seis los acusados en este sumario, que se incoó a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en agosto de 2006. Los otros cinco imputados son el alcalde, Luis Díaz Alperi, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el edil de Tráfico, Luis Concepción, el jefe del negociado de Tráfico, Antonio Escobedo, y el promotor Enrique Ortiz. El juez abrió las diligencias por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, malversación y apropiación indebida.

En su denuncia, el fiscal anticorrupción de Alicante considera que la modificación del contrato ha acarreado al Ayuntamiento un quebranto de 2.268.060 euros. Los técnicos del departamento de Urbanismo se opusieron a la modificación, extremo que llevó a Díaz Alperi a trasladar el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe de negociado sí avaló la propuesta.

Casas de los hijos de Alperi

Como consecuencia de estas diligencias, y a petición de la acusación popular y del fiscal, el juez amplió la investigación a las viviendas de los tres hijos del alcalde. Estas dos partes sostienen que las casas -tres chalés en una lujosa urbanización en la playa- son propiedad del promotor. Mientras, el alcalde mantiene que sus hijos viven en las casas en régimen de alquiler. La documentación recabada por el juzgado (certificados de Iberdrola, Aguas y del Registro de la Propiedad) constata que la propiedad de las casas es de la promotora, salvo en el caso de los recibos de agua, que están subrogados a los hijos del alcalde, pero como propietarios no como arrendatarios. Otros documentos son recibos aportados por uno de los hijos, según los cuales abona 575 euros al mes por el alquiler de la vivienda.