El Gobierno denuncia el coste del bloqueo a la planta de Torrevieja

El bloqueo de la Generalitat a las obras de la desaladora de Torrevieja causa "un importante perjuicio" económico y social, denunció ayer en Valencia el director general de Acuamed, Adrián Baltanás. La sociedad estatal evalúa "cada día de parada" de la obra, a la que no pueden acceder los camiones ante la falta de permiso del Consell. Baltanás no quiso adelantar posibles acciones legales e insistió en que la planta no dañará el medio ambiente.

Acuamed entregó el jueves la documentación exigida por la Consejería de Territorio y Vivienda sobre la tramitación ambiental del proyecto y aún no ha recibido respuesta. Además, el camino de acceso de camiones a la obra está cortado desde hace 10 días después de que Infraestructuras objetara que faltaba documentación en la solicitud de paso, enviada casi un mes antes.

Esta situación de bloqueo a la desaladora que impulsa el Gobierno -la mayor de España con capacidad para producir hasta 120 hectómetros- causa "un importante perjuicio" que se traduce en euros, una evaluación económica de pérdidas para la sociedad estatal y el contratista que Baltanás no quiso explicitar. El director general de Acuamed, que participó en Valencia en una jornada sobre gestión sostenible del agua, tampoco adelantó posibles acciones legales por estos daños económicos. Se limitó a señalar que el Ministerio de Medio Ambiente actuará "con arreglo a la legislación vigente". Baltanás incidió también en "el perjuicio al interés general", ya que la desaladora "garantizará el abastecimiento a 2,3 millones de personas y el suministro a 65.000 agricultores en Alicante y Murcia". Acuamed insiste en que el ministerio es competente para decidir la ubicación de la desaladora y ha sometido el proyecto a evaluación ambiental "con toda corrección". La Generalitat, por el contrario, asegura que puede parar la desaladora y sancionar a Acuamed. También anunció que denunciaría la desaladora ante la Comisión Europea, de lo que el ministerio no tiene noticia.

En la jornada, en la que los ponentes analizaron las ventajas y costes de la desalación, Baltanás destacó que una política del agua que garantice recursos y la sostenibilidad de los ecosistemas no es posible sin concertación social e institucional. Las administraciones estatal, autonómica y local "debe colaborar realmente", subrayó. Como ejemplo de la necesidad de acordar las actuaciones citó el cambio de planes en el proyecto de mejora de abastecimiento urbano de la Marina Baixa a través del canal bajo del río Algar, pedido por el Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià, que no había sido consultado, informa Sergi Castillo.