Las principales incógnitas sobre el accidente del metro siguen sin respuesta

Andrés Cortabitarte, perito que firmó el informe pericial ordenado por el juzgado sobre el accidente del metro de Valencia del pasado 3 de julio, dejó ayer sin respuesta la mayoría de las incógnitas. La juez rechazó la práctica totalidad de las cuestiones planteadas por los abogados de la acusación por "improcedentes". Más allá de constatar el exceso de velocidad, Cortabitarte no resolvió ninguna de las cuestiones que aún están sin contestar sobre el siniestro. La fiscal del caso sólo preguntó al perito si se ratificaba en su informe. Y éste contestó que sí.

Las acusaciones particulares solicitarán nuevas pruebas para aclarar las causas

Ese informe, presentado a finales de febrero, insistía en el exceso de velocidad como causa del siniestro en el que murieron 43 pasajeros y resultaron heridas otros tantos viajeros. Recogía en el mismo que las condiciones de la vía, del trazado y del convoy eran "aceptables" para la velocidad máxima recomendada, 40 kilómetros por hora. Pero en ningún momento se pronuncia sobre si el accidente hubiera podido evitarse con la existencia de elementos de seguridad, como las balizas que con posterioridad al siniestro instaló Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

Andrés Cortabitarte acudió ayer al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. La juez puso límite a las preguntas de las acusaciones. Durante algo más de dos horas, salvada la incidencia con el sistema de grabación de la sesión, la docena de letrados presentes en la sala intentaron que el perito aclarara algunas de las dudas pendientes de respuesta desde el mismo momento del siniestro. La juez declaró improcedentes la mayoría de ellas. Pidió a los letrados que se ciñeran al objeto mismo del informe y no plantearan cuestiones nuevas.

El propio informe de Cortabitarte, en el preámbulo, recoge la encomienda del juzgado: "... emisión de Informe que determine si ha podido incidir en el exceso de velocidad y en el descarrilamiento la existencia de algún fallo técnico en el accidente grave por descarrilamiento de tren de viajeros en la línea L1, de Metro de Valencia, ocurrido entre las estaciones de Plaza de España y Jesús el pasado día 3 de Julio de 2006". Y la juez entendió ayer que preguntar si la existencia de balizas o de cualquier otro sistema de seguridad hubiera evitado el accidente o por qué el segundo vagón del convoy no descarriló ni se salió siquiera de la vía mientras el primero sí lo hizo eran cuestiones fuera del informe del perito. La fiscal tampoco acompañó las preguntas de las acusaciones particulares. Según fuentes del caso, sólo preguntó si se ratificaba en el contenido del informe. La respuesta fue afirmativa.

La juez no permitió siquiera que una de las acusaciones particulares se cerciorara de que Andrés Cortabitarte tiene los conocimientos técnicos suficientes para ampliar el informe pericial e incluir en él valoraciones sobre la incidencia de hubieran tenido la existencia de elementos de seguridad en el tramo del siniestro. Improcedente, dijo.

La juez no sólo cerró la posibilidad de realizar preguntas sino también las respuestas, que sólo podían ceñirse a lo que consta en el informe pericial. Tanto el abogado de la Generalitat como el de FGV centraron sus intervenciones en el exceso de velocidad.

Las acusaciones particulares, según manifestado varias de ellas, se preparan para solicitar con la mayor brevedad posible la práctica de nuevas diligencias que aclaren los sucedido. Entre ellas: que se amplíe la pericial; que se obtenga información detallada sobre los mecanismos, y su precio, existentes en el mercado antes de julio de 2003 para frenar la velocidad de un tren cuando el conductor no lo hace; reclamar a FGV los presupuestos de los años 2004, 2005 y 2006 para saber si contemplaban la instalación de algún mecanismo de seguridad en el tramo del siniestro; obtener la documentación que se puso a disposición de la comisión de las Corts sobre el accidente; expediente completo que motivó la posterior instalación de las balizas antes de la curva del accidente que no estaban cuando ocurrió; y expediente que motivó en enero de 2004 que la velocidad permitida bajara de 50 kilómetros por hora a 40.