Una gran estafa con 1.889 víctimas

Casi cuatro años ha tardado la justicia en sentar en el banquillo a los seis acusados de perpetrar una de las mayores estafas inmobiliarias ocurridas en Madrid en los últimos 20 años: la cometida contra sus clientes por la Cooperativa Peninsular de Viviendas (CPV), destapada por EL PAÍS en noviembre de 2002. Las cifras de esta macroestafa no son desdeñables. Según la Fiscalía de Madrid, seis personas vinculadas a CPV dejaron sin sus ahorros a 1.889 familias humildes que aspiraban a tener un piso en los nuevos barrios del norte de Madrid. El fiscal pide para todos ellos 72 años de cárcel.

Tras casi cuatro años investigando este masivo engaño, que ha dejado un sumario con miles de folios, ya hay escrito de acusación del fiscal, paso previo a la celebración del juicio. Previsiblemente, será en abril en la Sección 15 de la Audiencia Provincial, que preside Alberto Jorge Barreiro.

El fiscal describe con la precisión de un delineante como Francisco García Moreno, en connivencia con sus dos hijos y dos testaferros, vació los bolsillos a nada menos que 1.889 familias necesitadas de una vivienda (muchas eran parejas de novios que querían casarse). Cuenta también el fiscal cómo García, experto en negocios inmobiliarios, consiguió que esas familias le entregaran 37 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas) a cambio de casas en los nuevos desarrollos urbanísticos de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas. Corría el año 2000 y las casas jamás llegaron a levantarse. Entre otras cosas, porque la CPV carecía de suficiente suelo en esa zona para construirlas allí.

26,8 millones de euros

También detalla el fiscal cómo los acusados destinaron a los preparativos de la construcción de las casas sólo una mínima parte de los 37 millones que captaron de sus víctimas. Y cómo "incorporaron el resto [del dinero] a su patrimonio con carácter indefinido". La estafa total asciende a 26,8 millones de euros.

Tras estallar este escándalo en noviembre de 2002, las víctimas de la CPV se echaron a la calle en decenas de manifestaciones. Exigían sus casas y reclamaban la responsabilidad del Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por la ausencia de fiscalización de este tipo de sociedades.

El escrito de acusación del fiscal es demoledor por la crudeza de los hechos que describe.

El ministro fiscal define a Francisco García como el cerebro de esta macroestafa. La CPV se constituye el 30 de diciembre de 1997 con un capital social de 4.200 euros, que luego fue ampliado a 354.000 euros. Cantidad "claramente insuficiente para afrontar las operaciones mil millonarias que desde el principio acometió esta mercantil", denuncia el fiscal. Oficialmente, Francisco García puso al frente de la CPV, para no figurar él, a sus dos hijos -los hermanos y también acusados Miguel Ángel y Francisco García Sánchez- y a un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo. Para cada uno de ellos el fiscal reclama 12 años de cárcel por estafa y otros 4 por falsedad en documentos. Para los dos testaferros acusados -Adelina Erles Abadía y Alfredo Vázquez García-, el fiscal reclama otros cuatro años por falsedad. En total, 72 años para todos ellos.

Detalla el fiscal que, en 1998, los procesados decidieron intervenir en los desarrollos urbanísticos del norte de Madrid: Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo. Y lo hacen sin tener un duro y prácticamente ningún suelo allí. Aún así, hicieron una espectacular campaña publicitaria para captar clientes. Por entonces, los precios de los pisos ya estaban por las nubes. Sobre el papel, la CPV ofrecía casi un chollo. Eso despertó el interés de muchas parejas interesadas en disponer, en ese lugar, de una casa con zona ajardinada, piscina y pista de padle.

Con las primeras entregas de dinero, la CPV adquirió un solar de 15.000 metros cuadrados en Sanchinarro. Suficiente para 40 casas, no más. Pero ello le permitió entrar en la junta de compensación de suelo de esos nuevos barrios. A las familias que adelantaban dinero, la CPV les hacían una suerte de "contrato de adquisición de vivienda", En esos contratos se indicaba que el dinero adelantado iría directamente a una "cuenta especial" abierta y controlada por un banco.

CPV decía a las familias, además, que el dinero, por si surgía algún problema, estaba avalado por un gran banco. La inmobiliaria abrió cuentas especiales en seis bancos. Aquí llegó el primer engaño: inicialmente ese aval fue suscrito por Caja Madrid, pero fue rescindido meses después debido a que era muy gravoso para CPV. Poco después, el 30 de agosto de 2000, suscribieron un aval con la compañía Asefa, que lo rescindió por impago nueve meses después. Tanto la cuenta especial como el aval eran obligaciones legales. Esas cuentas obligan a que el dinero que salga de ellas se destine exclusivamente a la construcción de las casas y no a otro cometido. Es decir, hay que justificar el destino del dinero, que no era de CPV, sino del ahorro de las familias.

Para dar apariencia de que existía el citado aval, más adelante lo suscribieron con una compañía italiana. Pero en realidad, se trataba de una ficción, ya que esa compañía no podía figurar como avalista, al no estar inscrita en el Registro del Banco de España. Cuando los clientes se dieron cuenta de que esa compañía era inoperante, CPV suscribió el aval con Europe Cauzione, también italiana, cuyo agente en España era el mismo que el de la anterior. En realidad todo era un paripé. Cuando saltó el escándalo, las víctimas se encontraron sin casa, sin ahorros y sin aval.