La pesadilla de ser inmigrante y buscar casa
El 'boom' inmobiliario se ha cebado en la población extranjera con menos ingresos, desbordada por el incremento en los alquileres
Con o sin papeles, latinoamericano o subsahariano, hombre o mujer; la búsqueda de un piso se ha convertido en una pesadilla para buena parte de la población inmigrante. La espiral inmobiliaria se ceba con los sectores con inferior poder adquisitivo y en el furgón de cola están buena parte de los trabajadores inmigrantes que, a sus ajustadas rentas (unos 800 euros mensuales de media) ven sumarse los prejuicios de muchos propietarios.
Valencia Acoge denunció esta semana la situación, así como los abusos de propietarios y pseudoagencias inmobiliarias o el drama de los subarriendos. También censuró la falta de programas de ayuda de las distintas administraciones y las pobres condiciones de habitabilidad a las que se ven abocados buena parte de los inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico, el cuidado de los mayores, el campo, la construcción o la hostelería.
- Alquileres que se han disparado de 300 a 600 euros en año y medio. "Ya no quedan pisos por 400 euros". Julia Checa es la coordinadora del programa de búsqueda de vivienda de Valencia Acoge y sabe de qué habla. "Hace año y medio había casas en condiciones aceptables por 300 euros, ahora esos mismos pisos de tres habitaciones están entre 450 y 600 euros".
- El timo de los listados de pisos por 400 euros. En el proceso de búsqueda de casa es fácil topar con las empresas que se revisten de agencias inmobiliarias pero que se dedican a algo muy distinto: vender listas de pisos en alquiler previo pago de 300 o 400 euros. En muchos casos, los propietarios ni siquiera saben que sus viviendas se han incluido en estos listados. En otros, los pisos ya no se alquilan o incluso nunca han estado en el mercado. Estas agencias no garantizan resultados y se lavan las manos cuando les reclaman responsabilidades. "Son un timo", denuncia Checa.
- 6.000 euros de aval bancario. En teoría, tener un contrato y la documentación en regla debería servir para acceder a una vivienda. No es así. "Hemos llegado a ver casos en los que los propietarios no sólo piden nómina, sino contrato indefinido o importantes avales personales", relata esta responsable de Valencia Acoge. "Una vez recuerdo una solicitud de aval bancario de 6.000 euros; ¡para un alquiler!"
- Contratos de seis meses e incluso de temporada. La ley fija que en los casos de contratos de alquiler de duración inferior a cinco años, el arrendatario tendrá derecho a prorrogar anualmente el contrato hasta que se cumpla este plazo. Sin embargo, las ONG que trabajan con inmigrantes han tenido conocimiento de contratos que los propietarios limitan a seis meses o incluso a una temporada -para temporeros-. "No se respetan los plazos", denuncian. También, señalan, es frecuente que se renegocien las condiciones económicas al año por encima del IPC. "Nosotros les explicamos la legislación pero muchas veces [los inmigrantes] prefieren ahorrarse líos y acceden a las exigencias de los arrendadores".
- 150 euros un colchón, 250 euros un trozo de suelo. Quienes lo tienen peor son las personas que no tienen documentación o ingresos fijos, condiciones que suelen coincidir y que impiden acceder a un contrato. Si además estas personas pertenecen a grupos étnicos como los magrebíes o los subsaharianos, sobre los que recaen en mayor medida los recelos racistas, se trata de gente con todos los números para acabar en una habitación realquilada. "Es habitual pagar hasta 250 euros por un pedazo de suelo, sin acceso a cama o colchón en apartamentos compartidos habitados por hasta 20 personas", denuncia Valencia Acoge. Desde otras ONG han detectado también alquileres de colchones en habitaciones compartidas por 150 euros al mes.
- ¿De dónde eres? Suele ser la primera pregunta y en muchos casos la última. "Ha habido veces que hemos llamado preguntando por un piso para un extranjero y nos han dicho que ya estaba alquilado. Luego, llamas diciendo que es para tí y no hay problema", comenta una trabajadora de una ONG. "Hay agencias más sinceras. Directamente te dicen que 'no trabajan' con inmigrantes".
- Habitaciones entre 200 y 350 euros. El precio que se pagaba hace año y medio por una vivienda modesta (300-350 euros) es el que se puede pedir ahora por una habitación en un piso compartido. Lo normal es que ronde los 200 euros
- Falta de ayudas eficaces. Las ONG que colaboran con los inmigrantes censuran los programas habilitados por el Instituto Valenciano de la Vivienda o la Red Valenciana de Infovivienda Solidaria, incapaces de intervenir en el precio de los alquileres para hacerlos más asequibles.
"Existe 'búsquedafobia' y 'alquilafobia"
"El problema de la búsqueda de vivienda nos afecta a todos, tanto españoles como inmigrantes, pero más a nosotros", relata Mohammed Chekrad, marroquí de 32 años. "Sobre todo, cuando das tu nombre, ahí encuentras la primera barrera". Mohammed, que trabaja como mediador intercultural para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), prepara su doctorado en derecho constitucional sobre derecho comparado entre España y Marruecos. Lleva siete años como inmigrante, durante los cuales ha pasado por diferentes etapas. Desde la dificultad, como estudiante, de encontrar un piso compartido por los recelos de otros universitarios, a residir en una vivienda de su jefe en una temporada que se dedicó a la recolección de naranjas o a las dificultades de encontrar un piso en alquiler en el mercado. Actualmente vive en un piso compartido con otros dos amigos inmigrantes por el que pagan 440 euros.
Todas estas experiencias le han llevado a reflexionar sobre esta cuestión, hasta el punto de inventar tres neologismos. "Los propietarios temen alojar en sus pisos a los inmigrantes, tienen alquilafobia", comenta. También existe búsquedafobia entre los propios inmigrantes: "Ve delante un camino lleno de obstáculos y de riesgos". Además, existe la "aprovechafobia de gente que saca provecho de este miedo y dificultades".
"Vivo en una casa de 40 metros por 426 euros"
Cinco meses le ha costado a Naima Melaine, con papeles y contrato, encontrar una casa para ella, de 37 años y su hijo de ocho. Al final la encontró en la zona de la avenida del Cid. Tiene 40 metros cuadrados -dos habitaciones, salón, cocina y baño- y le cuesta 426 euros al mes. A los que hay que sumar la entrada, el pago a la inmobiliaria y el mes de garantía: en total 1.362 euros, de los que esta argelina se acuerda hasta el último céntimo. Es lo más barato que encontró y que apenas puede hacer frente con su trabajo en un hotel. "Ahora, en el nuevo hotel cobro 700 euros, antes estaba en otro en el que pagaban tres euros por habitación arreglada. Un buen día podía hacer 14; uno flojo podían ser ocho o nueve", comenta. También estuvo empleada recogiendo naranjas y en un restaurante.
Naima contó con la ayuda de Valencia Acoge y entró en la vivienda en enero. Los dos primeros meses fueron algo más difíciles por los escasos 274 euros que le quedaban para hacer frente a los gastos diarios. Desde marzo alquila una habitación por 180 euros a Said, un chaval marroquí de 19 años, lo que le permite ir algo más desahogada. "Es muy, muy, muy difícil para nosotros encontrar piso", comenta. "Casi todos los alquileres están entre los 500 y los 600 euros. Ni siquiera en los pueblos cercanos a Valencia está la cosa mejor".
"Me pidieron 300 euros por una lista de pisos"
El miércoles por la noche, Siaka Sangare, nacido en Costa de Marfil hace 20 años, tenía piso. El jueves por la mañana se esfumó la posibilidad. Cuando acudió a verlo cambiaron misteriosamente las condiciones: "Se suponía que era para alquilar pero cuando nos presentamos para verlo ya no se alquilaba, se vendía", relata. Trabaja desde hace dos meses cargando y descargando mercancía por las noches en unos grandes almacenes, por lo que cobra 800 euros mensuales.
Durante el tiempo que él y dos amigos más llevan buscando piso han visto de todo. Llamaron a un teléfono que resultó ser una de las agencias que ofrecen listados de ofertas de alquiler que, en su mayoría no existen o están caducadas. "Me pedían 300 euros, pero les dije que no, no estaba claro", comenta con su justito español. Desde entonces, no han parado de llamarle a su teléfono insistiendo en que contratara estos servicios. También han colgado carteles en las zonas donde quieren residir: Mislata, la avenida del Cid o zona de la calle Ángel Gimerá. Buscan una casa que, como mucho, les cueste 500 euros al mes. En el intento cuenta con la colaboración de trabajadoras de ONG que cuentan con programas de ayuda e intermediación en la búsqueda de vivienda. "Les enseñamos recursos de búsqueda", comenta una trabajadora. De momento no hay resultados. "El principal problema son los altos precios", indica.
