Dimisiones sin medida

Desde que el pasado tres de octubre anunciara su dimisión el edil de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), después de que se hiciera público su extenso patrimonio personal, son ya cuatro los políticos granadinos que han dejado sus cargos por supuestas irregularidades en su gestión. A Cañavate le han seguido los concejales de Urbanismo de Ogíjares, José Luis del Ojo (PP) y de Alhendín, Manuel Fernández (PP), y el alcalde de este último municipio, el popular José Guerrero. Todos han justificado su dimisión en el mismo argumento: defenderse "sin ataduras".

Pero ¿hay algún rasero por el que se guíen los partidos y los políticos para determinar cuándo hay que dimitir? Las ataduras que arguyeron los cuatro dimitidos de Granada no parecen molestar a otros políticos andaluces que, implicados en casos similares, deciden seguir en sus cargos. Detenidos e imputados, igual que el edil de Urbanismo de Alhendín, estuvieron el alcalde y tres ediles de Camas (Sevilla). Ninguno ha dimitido. En Ogíjares, mientras Del Ojo renunciaba a sus cargos municipales después de conocerse supuestas irregularidades en su gestión, que está siendo investigada por la Fiscalía, el alcalde, Francisco Plata, cuyo trabajo está revisando también el Ministerio Público, sigue en su puesto.

La dimisión del primer edil de Alhendín se une a la de al menos otros cuatro alcaldes andaluces que han dejado sus cargos en el último año por motivos relacionados con su gestión: los de Torre Alháquime (Cádiz) Manuel Morilla (IU); Carboneras (Almería), Cristóbal Fernández (PSOE); Pozo Alcón (Jaén), Carmen Escudero; y Benaocaz (Cádiz), José Rafael Reyes (PSOE). Los motivos son variopintos: desde supuestas irregularidades urbanísticas que denunció la oposión de Torre Alháquime a la condena por delito electoral en Carboneras o las protestas vecinales por falta de seguridad que forzaron a la alcaldesa de Pozo Alcón a presentar la reuncia. Otros en situación similar, o con una sospecha más fundada de irregularidad, deciden seguir, como el primer edil de Armilla (Granada), José Antonio Morales (PSOE), acusado de prevaricación en el centro comercial Parque Nevada, o el de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP).

Cuando tienen que dar explicaciones sobre la dimisión de un cargo público de su partido, los dirigentes políticos suelen decantarse por dos expresiones: "ejercicio de responsabilidad" y "ejemplo de generosidad que le honra". Tales definiciones no desentonan demasiado en casos como el ex edil de Hacienda de Alcalá de Guadaíra (PSOE), quien dimitió el año pasado cuando salió a la luz que conducía sin carné. Pero pueden llegar a rechinar cuando el que dimite lo hace tras verse acorralado ante la evidencia de una sentencia condenatoria o una acusación judicial con pruebas muy claras. Sobre todo, porque los dirigentes políticos nunca emplean las expresiones opuestas para referirse a los alcaldes y concejales que deciden no dimitir. ¿Se atrevería a definir el PSOE al alcalde de Armilla como irresponsable o egoísta por seguir en su cargo? No, le han apeado de la próxima lista electoral.

Esta semana, probablemente hoy, se conocerá la versión oficial del PP granadino sobre la dimisión del alcalde de Alhendín, José Guerrero. El presidente provincial del Partido, Sebastián Pérez, ratificó la semana pasada al primer edil como candidato a la alcaldía y le desvinculó de las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por Manuel Fernández. "Por supuesto que repite como candidato. Está elegido ya. ¿Hay algún problema con el alcalde?"; advirtió el miércoles Pérez. Dos días después, el juez imputó a Guerrero los mismos cargos que al concejal. A juzgar por lo que se conoce de las investigaciones en Alhendín, el alcalde ya sabía cuando habló con su presidente provincial que tenía muchas opciones de verse directamente implicado en el caso. ¿Será hoy la dimisión de Guerrero un "ejercicio de responsabilidad" para los dirigentes del PP granadino?