¿Empleos blindados?

Una sentencia que hace apenas dos semanas obligaba a la gestora de Marbella a readmitir en sus antiguos puestos de trabajo a tres altos cargos de la era GIL abría el debate sobre la posibilidad de que sus antiguos patrones les hubieran dejado en herencia un puesto de trabajo blindado. Los beneficiados eran Carmen Revilla, una ex concejal e imputada en el caso Malaya; Juan Delgado, mano derecha de Marisol Yagüe; y Fernando Simón, otro de los empleados de confianza de la antigua regidora. Fuentes municipales aseguran que, tal y como indica el juez en el escrito, se les ha readmitido y les han ingresado el dinero de los salarios que han dejado de percibir, pero que, con las mismas, se ha preparado otra carta de despido. Ninguno de ellos ha intentado volver al trabajo.

El juzgado de lo Social que dictaminó la nulidad del despido basaba su decisión en un mal cálculo de la antigüedad a la hora de establecer la indemnización, ya que los tres acumulaban más años de experiencia en otras sociedades relacionadas con el Ayuntamiento. Sin embargo, la nulidad no era total, ya que la sentencia admitía que las denuncias estaban justificadas porque como se han producido reestructuraciones en las empresas en las que trabajaban (Comunicación y Difusión 2000 en el caso de Revilla y Gerencia de Obras en los casos de Delgado y Simón) sus puestos ya no están justificados.

Revilla fue locutora y presentadora de televisión en los medios municipales en las dos primeras legislaturas de Gil. En 1999 se incorporó a la corporación como edil de la Mujer y fue teniente de alcalde del núcleo poblacional de San Pedro Alcántara. El pasado verano, en la segunda fase de la operación Malaya, fue detenida y quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros. En octubre decidió incorporarse a su empleo en la televisión municipal y días después, el Consejo de Administración de Comunicación y Difusión 2000 decidió despedirla. Por si fuera poco, la comisión gestora pidió al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, que se embargara la indemnización que le correspondería para asegurarse el cobro de la cuantía por responsabilidad civil de la ex concejal en el procedimiento contra la corrupción en el Ayuntamiento. En la vista por su despido, Revilla alegó que se la estaba persiguiendo por su ideología política y que la habían bajado de categoría profesional. Fuentes consultadas lo atribuyen a "su carácter y mala disposición en el trabajo".

Al igual que ocurre con la mayoría de los cargos de confianza contratados en el Ayuntamiento marbellí, Delgado y Simón habían sido nombrados "coordinadores" y estaban contratados a través de la Gerencia de Obras y Servicios. En el contencioso abierto por su trabajo, Delgado pedía que se computase el tiempo que había trabajado en el Consistorio, independientemente de la sociedad municipal que fuese. Fuentes consultadas aseguran que para calcular una indemnización por despido únicamente se toma como referencia el tiempo que se ha estado contratado en una empresa. Con la reestructuración, la gestora no ha creído necesario conservar sus puestos.