Una mala noticia para los ciclistas

Ajenos a lo que se cocía en los juzgados madrileños, ayer, en París, los equipos ciclistas se indignaban contra lo que calificaban como "lentitud" judicial en la Operación Puerto. Así, se decidió que mañana, antes de la salida de la París-Niza, se guarde un minuto de silencio en protesta. También se habló de solicitar un cambio de juez. Poco después se enterarían de que las actuaciones eran devueltas a los despachos federativos, lo que no les convenció de la necesidad de renunciar a las listas negras de ciclistas presuntamente implicados y, por tanto, no contratables.

Sin duda Manolo Saiz, Eufemiano Fuentes, Ignacio Labarta, José Luis Merino Batres, Alberto León y el resto de imputados celebraron el anuncio de que ya no pende sobre ellos la vía penal. Sin embargo, al lado de media docena de aliviados, varias docenas de personas, de ciclistas, ven abrirse la vía administrativa, es decir, la posibilidad de una sanción de dos años por dopaje que fue bloqueada en octubre por orden del juez mientras no se resolviera si finalmente los imputados podían ser juzgados por un presunto delito contra la salud pública.

"Habíamos previsto este escenario, dado que la ley antidopaje que considera delito penal la inducción aún no se había aprobado", explican fuentes de la federación. "En el momento en que un anterior auto del juez nos impidió abrir expedientes sancionadores a los deportistas usando las pruebas encontradas por la Guardia Civil, ya hablamos de que seguramente se archivaría la causa contra Eufemiano y compañía y de que, entonces, tendríamos que empezar a abrir expedientes. Más si el juez, después de estudiar las pruebas, estima que ha habido casos de prácticas dopantes".

La tarea que se le presentaría entonces a la federación sería casi imposible, según otras fuentes. Por un lado, debería escarbar de nuevo entre todos los documentos hallados en los registros de los pisos de Fuentes en Madrid. Y, después de ordenarlos, sacar algo en limpio de la amalgama de códigos y apodos que constituían el sánscrito de Eufemiano. Siempre quedarán en varios arcones frigoríficos casi dos centenares de bolsas de sangre y plasma congeladas que plantean un problema irresoluble: con el ADN hemos chocado. Dado que el juez, pese a la insistencia de la fiscalía, se negó a solicitar el ADN de los deportistas identificados por las investigaciones de la Guardia Civil, las bolsas de sangre, algunas de ellas con restos de EPO exógeno según los análisis, incompletos, del laboratorio antidopaje de Barcelona, no corresponden a nadie conocido en teoría. Los corredores de los equipos ProTour han firmado un compromiso de entregar su ADN para investigar asuntos de dopaje, pero no a las autoridades deportivas, sino solamente si se lo demandan jueces o fiscales. Los únicos a quienes se ha solicitado judicialmente el ADN es a Ullrich y a Sevilla, acusados en Alemania de un delito de estafa contra su antiguo empleador, T-Mobile.

El archivo de la causa no significa que se acaben las visitas a los juzgados por parte de estamentos ciclistas. Unos cuantos, como Manolo Saiz, propietario de Active Bay, la sociedad del Liberty y el Astana, ya han entablado acciones civiles para solicitar indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos por no poder disputar el Tour. Ha demandado al CSD, a Astana, a la UCI y a Vinokúrov y Kasheckin, ciclistas que rompieron su contrato.