La política después de dos treguas rotas

La decisión del Gobierno de conceder la prisión atenuada al etarra Iñaki De Juana se ha producido tras la ruptura del último alto el fuego de ETA, el que se inició el 23 de marzo y culminó el 30 de diciembre con el atentado de Barajas, en el que fallecieron dos ciudadanos ecuatorianos, pero en un contexto político que nada tiene que ver con el existente tras la ruptura de la tregua anterior de la banda, en noviembre de 1999. "La decisión sobre De Juana se ha basado en razones legales, humanitarias y de inteligencia política. No ha obedecido a ningún chantaje de ETA porque las relaciones con la banda terrorista están rotas. Pero, como todas las decisiones de un Gobierno, ésta ha tenido en cuenta el contexto político", aseguran fuentes gubernamentales. ¿Y cual es ese contexto político distinto del que había en la ruptura de la tregua anterior? Las diferencias son básicas.

El Ejecutivo cree que la muerte del etarra hubiera radicalizado la situación en Euskadi

El Gobierno asegura que su decisión sobre el recluso "no se ha pactado con nadie"

- Actitud de ETA. La ruptura de la tregua de 1998 la zanjó ETA con un comunicado inequívoco en el que anunció el regreso al terrorismo (ver recuadro). Lo materializó antes de dos meses con el asesinato de Pedro Antonio Blanco, en Madrid, y continuó con una campaña de hasta 50 crímenes en tres años.

Sin embargo, tras el atentado de ETA en Barajas, el pasado 30 de diciembre, la situación es incierta. La banda emitió un comunicado equívoco. Por un lado, se reafirmó en el alto el fuego del 23 de marzo y, por otro, señaló que respondería a los ataques. Más de dos meses después, ETA no ha vuelto a atentar. Se espera un nuevo comunicado de la banda para las próximas semanas.

- Actitud de Batasuna. Tras la ruptura del alto el fuego de 1998, Batasuna se plegó a ETA e hizo, como ella, responsable al PNV del final de la tregua. En esta ocasión, una semana después del atentado de ETA en Barajas, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, pidió a la banda que mantuviera el alto el fuego. También anunció un periodo de reflexión interna. En las asambleas posteriores, la posición de Otegi parece haberse impuesto sobre la línea más radical.

- Actitud del PNV. Pese a la ruptura del alto el fuego de ETA de 1998, el PNV de Xabier Arzalluz siguió contando con el apoyo de Batasuna en el Parlamento vasco. De modo que el Gobierno de Ibarretxe aprobó los Presupuestos de 2000 con los votos de Batasuna. El Gobierno vasco se enfrentó al de Aznar y se resintió la colaboración institucional, incluida la policial. También se produjo una quiebra en la sociedad vasca entre partidos nacionalistas y no nacionalistas. Tras la ruptura de la tregua de marzo de 2006, el PNV ha hecho a ETA única responsable y ha dado su apoyo al Gobierno de Zapatero. La colaboración institucional y policial entre los Gobiernos socialista y vasco es total.

- Actitud del líder de la oposición. Tras la ruptura de la tregua de 1998, el entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, sólo responsabilizó a ETA. Expresó su apoyo al Gobierno de Aznar y acudió con él a la primera manifestación contra la banda, tras el primer asesinato. En enero de 2007, el líder del PP, Mariano Rajoy, responsabilizó a Zapatero de "haberse dejado tomar el pelo por los terroristas". No sólo le ha negado su apoyo sino que ha convocado una manifestación contra el Gobierno por "ceder ante ETA". Si tras la ruptura de la tregua de 1998 se abrió una fisura entre nacionalistas y no nacionalistas en Euskadi, en la de 2007, la actitud del PP amenaza con una crisis de convivencia en toda España entre seguidores del PP y del resto.

- La respuesta. En diciembre de 2000, al año de la ruptura de la tregua, Zapatero, secretario general del PSOE desde julio, concertó con Aznar el Pacto Antiterrorista. Se trataba de afrontar unidos la dura ofensiva de ETA. Tras la ruptura de la tregua de 2007, Rajoy se ha negado a reunirse con Zapatero en el Pacto Antiterrorista para analizar la nueva situación. No se sabe qué hará ETA en los próximos meses. El Gobierno asegura que no hay contactos con la banda y su decisión sobre De Juana ha sido unilateral. Pero también está convencido de que su muerte en prisión, por huelga de hambre, hubiera dado excusas a los sectores más radicales del entorno de ETA y hubiera radicalizado la situación.