Riba-roja ligó planes urbanísticos a pagos para "cualquier finalidad de interés local"

El Ayuntamiento de Riba-roja, que preside Francisco Tarazona, del PP, aprobó varios convenios con promotores en los que condiciona la adjudicación de planes urbanísticos a aportaciones económicas a la Corporación para "cualquier finalidad de interés local". Tarazona ha sido imputado por un posible delito de cohecho junto al empresario que le denunció por esa exigencia. Documentos municipales revelan que la necesidad de un pago para lograr la adjudicación quedó reflejada por escrito. El hecho de que no se especifique el destino concreto de la aportación incumple la Ley de Régimen Local y la LRAU.

La investigación de un posible delito de cohecho por exigir pagos a promotores a cambio de la adjudicación de planes urbanísticos en la que está imputado el alcalde de Riba-roja tiene varias aristas. De una parte, si esos pagos fueran donativos voluntarios, como asegura Tarazona, o comisiones ilegales camufladas. Y de otra, el destino que el Ayuntamiento dio a ese dinero, ya que la ley obliga a especificar el destino de la aportación y justificar su interés local.

La donación en sí misma no es un delito. En este caso, tal como consta en la denuncia presentada por el empresario Vicente Pérez Saura, administrador de Ribalge SL, no sería una aportación voluntaria sino el pago que condiciona la consecución de una licencia.

Pérez Saura explicó a la Fiscalía cuando denunció los hechos el pasado verano que había tenido que pagar 120.350 euros por la adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) de Gallipont. Y aseguró que Tarazona llegó a pedirle hasta ocho millones de euros para que obtuviera la adjudicación de otros planes urbanísticos. Su negativa a continuar realizando esos pagos le ha supuesto, asegura, la paralización de todas las actuaciones en las que participa. Tarazona negó la mayor.

Sin embargo, Tarazona dejó constancia por escrito de las exigencias de aportaciones económicas, que él defiende como absolutamente legales, en relación con Pérez Saura y con otras dos empresas promotoras. Los cuatro pagos suponen una recaudación por este concepto de casi 1,7 millones de euros.

Como recogen los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, Tarazona firmó con Javier Soler Luján, en representación de la empresa Polígono Mas Valo S.A. un convenio el 1 de agosto de 2003. En él, consta que el convenio se firmaba tal como había sido previamente aprobado en el pleno del ayuntamiento de fecha 30 de julio. Se refiere a la Unidad de Ejecución número 2 del sector Masia de Valo. En el punto quinto se recoge que la adjudicación es provisional y que para que sea definitiva "se condiciona el citado acuerdo a que el urbanizador realice la aportación económica a favor del Ayuntamiento con destino a cualquier finalidad de interés local de 841.416,95 euros".

En ese mismo documento se fija la entrega del aval, un día después de la aprobación en el Diario Oficial correspondiente de la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y se especifica el precio al que el ayuntamiento venderá al promotor el metro cuadrado de la zona de aprovechamiento que le corresponda, a 116 euros. Con esta misma empresa suscribió otro convenio en el que el promotor debía pagar 300.506,05 euros.

Otro de los convenios en los que ha quedado constancia de la obligatoriedad de los pagos se recoge en el suscrito en la misma fecha con Jorge David Langa, en representación de Urbanizador Baló Plus S.A. respecto a la Unidad de Ejecución número uno del mismo sector. También se recoge que fue un acuerdo del pleno municipal que condiciona la adjudicación al pago por parte del promotor de 420.710,04 euros para el mismo destino: "Cualquier finalidad de interés local".

Además, otro documento del Ayuntamiento recoge la supeditación del pago de 120.350 euros a favor del Ayuntamiento por el empresario que presentó la denuncia para la adjudicación definitiva del plan urbanístico de Gallipont.