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El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades contables en la CCRTV bajo el mandato de CiU

PSC, ERC, ICV y Ciutadans piden responsabilidades por la gestión en TV-3 y Catalunya Ràdio

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, ve "indicios de irregularidades contables" en TV-3 y Catalunya Ràdio. En concreto, por el cobro de indemnizaciones millonarias de al menos cuatro de sus directivos durante 2002 y 2003, con CiU en el Gobierno. El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) desató ayer una tremenda bronca política. El PSC, ERC, ICV-EUiA y Ciutadans reclamaron que se envíe el informe a los tribunales "para determinar las responsabilidades que se puedan derivar de esos hechos". CiU calificó de "positiva" la gestión en esos dos años -que se cerraron con unas pérdidas conjuntas de unos 330 millones de euros- y aseguró que se trata de una maniobra "para borrar 23 años de Gobierno".

Las altas indemnizaciones a ex ejecutivos de la CCRTV tienen visos de convertirse en un segundo caso Ferrocarrils, una querella de la fiscalía contra 16 ex directivos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la época de CiU por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y prevaricación. El Tribunal de Cuentas ha encontrado ya "indicios de responsabilidad contable" en el cobro de indemnizaciones por parte de cuatro directivos de la Corporación en 2002 y 2003, bajo la presidencia de Miquel Puig y Vicenç Villatoro. Fuentes de la Sindicatura explicaron que de los hechos podrían derivarse "responsabilidades civiles, pero no penales".

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, explicó el pasado 16 de febrero a la Sindicatura estas diligencias, aunque todavía no ha informado a la Generalitat sobre una posible investigación de oficio. Las indemnizaciones afectan a los ex directivos Joan Maria Clavaguera, Joan Oliver, Carme Ponte y Josep Manuel Ferrer.

La tormenta política en el Parlament fue ayer mayúscula. Tras la presentación del informe por parte del síndico Jordi Pons, el representante del PSC, Jordi Terrades, aseguró que los gobiernos de CiU "actuaron filantrópicamente con indemnizaciones ilegales para agradecer a los altos cargos los servicios prestados por el control partidista de los medios de comunicación públicos". Tanto Terrades como Patrícia Gomà, de ERC, instaron al Gobierno a "enviar el informe a la jurisdicción ordinaria para depurar responsabilidades". Gomà calificó las indemnizaciones de "un reguero de irregularidades escandalosas" y un "inaceptable patriotismo de bolsillo".

Daniel Pi, de ICV-EUiA, insistió en la necesidad de "reclamar a la justicia actuaciones que van más allá de la mala gestión, con elementos extraordinariamente preocupantes". El representante de Ciutadans, José Domingo, afirmó que la senyera "no vale para taparlo todo, y menos la responsabilidad de los cargos políticos cuando hay situaciones tan escandalosas". El PP -que avaló la sustitución de Puig por Villatoro- dijo que el informe detecta "prácticas que evidentemente hay que corregir, como la inadecuación de los contratos del personal directivo".

Al margen de las indemnizaciones, la Sindicatura insta a la CCRTV a reducir costes y presenta unas cifras muy negativas: las pérdidas en 2002 se situaron en 145 millones de euros, y en 2003 en 182 millones. El endeudamiento superó con creces los 800 millones en esos años. Entre pérdidas y subvenciones, la CCRTV costó a cada catalán 39,5 euros en 2002 y 33,6 euros en 2003. Pese a estas cifras, el diputado de CiU Jordi Turull hizo una "valoración positiva" de los resultados conseguidos. "Es evidente que una televisión y una radio públicas excelentes cuestan dinero", aseguró. Tras los ataques por las indemnizaciones pagadas, acusó a los partidos de izquierda de "sectarismo" y "pensamiento único". "Se trata sólo de un intento por borrar 23 años de Gobierno de CiU", dijo.

Las irregularidades sobre indemnizaciones a antiguos altos cargos descritas en el informe que han dado pie a la irrupción del Tribunal de Cuentas son las siguientes:

- Joan Maria Clavaguera. Periodista de Catalunya Ràdio desde 1987, fue nombrado director en julio de 1995. En esa fecha firmó un contrato laboral que preveía una indemnización de 45 días por año trabajado, el máximo que prevé la legislación laboral. En marzo de 2002, Puig lo destituyó. Ya en abril, bajo el mandato de Villatoro, su contrato fue modificado para elevar la cláusula a 90 días por año trabajado. Sólo unos días más tarde firmó el acta de conciliación laboral.

- Joan Oliver. El contrato del ex director de TV-3 -hoy en una fundación que tiene relación con CiU, según Terrades- contaba con la posibilidad de una indemnización de 45 días por año trabajado desde 1992, cuando inició su etapa de director del programa Bon dia Catalunya, o con la posibilidad de volver a ese mismo programa al ser destituido.

- Carme Ponte. La ex gerente de TV-3 recibió una indemnización con "siete años más de antigüedad" de los que le correspondían, dijo Gomà.

- Josep Manuel Ferré. Adjunto al director general de la CCRTV durante dos años, recibió una indemnización de tres años de salario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de marzo de 2007