CiU defiende la legalidad de las indemnizaciones denunciadas

En 2002, las indemnizaciones pagadas a los altos ejecutivos de TV-3 y Catalunya Ràdio ascendieron a 1,23 millones de euros. Los sueldos de toda la plantilla de la CCRTV se elevaron ese año a 1,85 millones. La cifra en sí puede ser desproporcionada, en un ente que tenía ese año una deuda de más de 800 millones de euros y que cerró con unas pérdidas de 145 millones. Pero no es constitutiva de delito, a juicio de Convergència i Unió (CiU).

El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, defendió ayer la legalidad de las indemnizaciones. La Sindicatura recuerda en su informe que el Gobierno catalán aprobó un decreto en 1994 sobre indemnizaciones de directivos de entidades, empresas públicas e instituciones participadas por la Generalitat, en el que se prohibían los blindajes para los contratos de alta dirección. Pero Puig sostuvo ayer que la CCRTV es "un ente público", "no una empresa pública", por lo que no aparece en la lista de entidades afectadas por ese decreto.

Antes de conocer que el Tribunal de Cuentas sí ve indicios de irregularidades, el portavoz de CiU declaró que se trata de una "falsa polémica", y declaró que no hay "ningún tipo de responsabilidades administrativas, ni jurídicas ni judiciales", dijo. "Además, en algunos casos [las indemnizaciones] son absolutamente lógicas desde un punto de vista administrativo". Puig no identificó a qué casos se refería. Puig, asimismo, destacó que con esos directivos, "buenos profesionales", TV-3 y Catalunya Ràdio "eran líderes de audiencia y de calidad, mientras que hoy no se puede decir lo mismo". Patrícia Gomà criticó estas declaraciones y aseguró que no se puede hablar de calidad cuando un partido "confunde los intereses de Cataluña con los suyos".

La Sindicatura considera que las indemnizaciones "superaban los máximos establecidos en la legislación laboral e incumplían los límites fijados por el Gobierno catalán".