El pulso

Como era previsible, la prisión atenuada del etarra De Juana Chaos ha creado la enésima bronca entre el Gobierno y el PP. El problema esta vez es que el comprensible alto grado de conmoción social que ha acarreado la medida, que por muy indigerible que sea se ajusta a la ley, amenaza con convertir la calle, y no el Parlamento, en el lugar donde se hace la política. Y eso debería tenerlo en cuenta el líder de los populares, Mariano Rajoy, cuando anima a la rebelión cívica. Jalear la estrategia de la crispación con unas dosis de cinismo insospechadas, actividad a la que se han entregado los populares estos días, trae incidentes como el del ataque a una sede socialista en Alcalá y la aparición de la ultraderecha y de banderas preconstitucionales en las concentraciones de estos últimos días, como sucedió ayer en Lorca. El Gobierno y el PSOE no deben caer en la provocación. En un ejercicio de responsabilidad, deben evitar rotundas descalificaciones contra el primer partido de la oposición y la tentación de desempolvar vídeos de anteriores treguas. Sobre todo porque el único beneficiario es ETA. La política se hace sobre el futuro, no sobre el pasado.

La solución al asunto del etarra ha sido, dentro de las dos posibles, la menos mala. Calificarla como la aceptación de un chantaje resulta incoherente, puesto que no ha habido ninguna extorsión ni se ha violado ninguna ley. Hablar de rendición del Estado es una exageración, y considerarla como una victoria de la izquierda radical abertzale, pese a que ésta no se la quiere "restregar en la cara" al Gobierno, según afirma el líder del colectivo de apoyo a los presos, Juan Mari Olano, entra dentro del peaje a pagar a la retórica de los radicales. Suena igualmente ingenuo que tan importante decisión obedezca a la decisión personal del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y no del Gobierno. En realidad, José Luis Rodríguez Zapatero dejó claro que no fue así en la reunión este fin de semana del Comité Federal del PSOE. Asimismo, atribuir la prisión atenuada para De Juana a razones humanitarias tiene el riesgo de confundir a la opinión pública. Sería más útil que el jefe del Ejecutivo enfatizara que el gesto obedece, ante todo, a razones de inteligencia política para evitar males mayores.

Es improbable que el ruido de este suceso se acalle pronto. En cualquier caso, el Gobierno tiene ante sí ya mismo otra patata caliente, puede que más complicada que la de De Juana Chaos: autorizar o no la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de mayo próximo. Para que Batasuna pudiera concurrir en los comicios debería acatar la vigente Ley de Partidos y condenar explícitamente la violencia, lo que todavía no se ha producido. Resultan insuficientes los guiños de Otegi de que su formación no exige al Estado ningún precio político y su interés ahora por luchar por "vías pacíficas y democráticas" en busca de una comunidad autónoma entre Euskadi y Navarra, como reiteró el sábado en el acto de Pamplona. Es un deber de Batasuna desmarcarse de la violencia y reafirmarlo públicamente; y de ETA, anunciar que renuncia a las armas. Para reengancharse al sistema democrático no basta con altisonantes declaraciones. El Gobierno debe ser particularmente exigente en este punto. Será la mejor manera de que los ciudadanos comprendan el sacrificio que suponen para el Estado y sus instituciones casos como el de De Juana Chaos.