"Si hubiese mafias del fuego, la policía habría encontrado alguna prueba"

A diferencia de lo que ocurría con alguno de sus antecesores en el cargo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela (O Carballiño, 1956) es uno de esos funcionarios del Estado que rehuye el protagonismo político y los titulares rimbombantes. En la entrevista, celebrada el jueves en Santiago, Varela, defiende la actuación de la Fiscalía en los últimos escándalos urbanísticos y anuncia -para mayo- los resultados de un informe policial sobre los incendios de la primera semana de agosto. El fiscal jefe del TSXG advierte a los políticos que cuando esa investigación se haga pública, "quien denuncie tramas incendiarias, deberá hacerlo con pruebas".

"La clase política deberá distinguir entre el imaginario colectivo y la realidad objetiva de los incendios. Las tramas deberán ser demostradas"

"Las críticas del PP son totalmente infundadas, el fiscal de urbanismo actúa con objetividad y nunca con criterios partidarios"

"Con la creación de la fiscalía de delitos urbanísticos han proliferado muchas denuncias en la costa de A Coruña y Pontevedra"

Pregunta. ¿Cuáles son ahora mismo las preocupaciones de la Fiscalía?

Respuesta. Todos los asuntos sobre los que hay preocupación social como el urbanismo, el medio ambiente, los incendios -pronto empezará la nueva campaña- que sean objeto de un adecuado tratamiento por parte de los fiscales especialistas y que podamos demostrar nuestra eficacia en las actuaciones.

P. ¿Cree que van a seguir aflorando casos de corrupción urbanística?

R. Los casos de corrupción urbanística partieron de denuncias de particulares en las que la Fiscalía sigue el protocolo establecido por ley: recepciona la denuncia, la remite al fiscal especializado en delitos urbanísticos que abre unas diligencias de investigación penal y solicita la investigación de los cuerpos de seguridad del Estado. Una vez recibida la información, hace una calificación jurídica de los hechos que puede concluir en una denuncia que judicializa la cuestión o archiva el caso

P. ¿También hubo actuaciones de oficio?

R. Puede haberlas, y ha sucedido cuando un medio de comunicación ha presentado datos en relación con presuntos casos de corrupción. Cuando se deduce abundante información se abren unas diligencias para determinar si hay alguna irregularidad.

P. En los casos de Nigrán y Gondomar el PP les ha acusado de actuar siguiendo criterios políticos.

R. De la actuación en Gondomar yo sólo puedo relatar hechos objetivos que están perfectamente constatados: el fiscal especializado recibe la visita de un promotor que dice que le han pedido una cantidad de dinero para agilizar trámites urbanísticos. El fiscal decide realizar una intervención de los teléfonos para lo que pide una autorización judicial al día siguiente de recibir la denuncia. En ese momento la investigación compete al juez, el fiscal decide solicitar las diligencias pertinentes, entre ellas, pide la intervención del teléfono no de los concejales afectados, sino del arquitecto contratado por el ayuntamiento. A partir de que la intervención telefónica produce sus frutos, después de las investigaciones de la Guardia Civil, se desencadenan las actuaciones.

P. ¿A qué atribuye entonces las críticas del PP?

R. Son afirmaciones completamente infundadas, el Ministerio Fiscal se rige por tres principios: la legalidad, la objetividad y la imparcialidad. No es retórica, forma parte de la actuación del Ministerio Fiscal que estudia si unos hechos determinados pueden describir un comportamiento prohibido. Si eso se confirma, actúa, independientemente de los sujetos que lo realicen y de sus afiliaciones políticas.

P. Afloran más denuncias porque estamos en época preelectoral o porque se ha multiplicado la corrupción?

R. Desde que creamos la figura del fiscal especializado en temas urbanísticos, recibimos cada vez más denuncias. La sociedad percibe que el fiscal es un garante de que los comportamientos irregulares puedan ser sancionados por la ley. El fiscal debe cumplir su función constitucional de promover la acción de la justicia también en el caso del urbanismo. Nosotros cumplimos a rajatabla.

P. ¿Dónde se registran más denuncias?

R. En A Coruña está apareciendo un importante número y también en Pontevedra. Esos casos los estudia el fiscal. Los que corresponden a infracciones administrativas se archivan y se desvían a la vía administrativa, y los que pueden ser sustanciados en un proceso penal siguen las reglas establecidas por la ley.

P. ¿Son siempre denuncias urbanísticas?

R. Se reciben denuncias de delitos medioambientales o contra el patrimonio histórico, pero fundamentalmente ahora se están recibiendo denuncias relacionadas con el urbanismo.

P. ¿Tiene suficientes medios la Fiscalía para afrontar el incremento de expedientes?

R. El fiscal especialista suele requerir información a los ayuntamientos. Tiene unidades de policía judicial en la Guardia Civil y en la policía nacional que se encargan de investigar los delitos o los presuntos comportamientos irregulares que llegan a la fiscalía.

P. Hay voces que reclaman delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Galicia, aunque el fiscal del Estado lo ha descartado a corto plazo.

R. Yo creo que con el volumen de asuntos que manejamos de momento es suficiente con la unidad operativa actual de fiscales especialistas en urbanismo.

P. El verano fue especialmente nefasto para el monte. Se quemaron 93.000 hectáreas. Cuando Galicia ardía por los cuatro costados los responsables políticos hablaban de tramas cuya existencia no se ha demostrado.

R. Por parte de la fiscalía abrimos unas diligencias, se le ha pedido a la Policía Autonómica y a la Guardia Civil que hagan un estudio sobre lo que sucedió del 4 al 14 de agosto del año pasado. Preguntamos por la existencia de intereses organizados de la economía del fuego y por un perfil de incendiario distinto al que se había conocido. Cuando esos informes estén terminados los incorporaré a la memoria de la fiscalía del Tribunal Superior y los presentaré en el Parlamento para que los grupos políticos extraigan las conclusiones que consideren convenientes.

P. Ni en ese informe ni en ninguna otra investigación hay indicios de tramas alguna.

R. No me gustaría que pareciese que se extraen las conclusiones antes de conocer el informe que se presentará en mayo.

P. Los investigadores de los incendios dicen que si hubiese tramas organizadas sería más fácil perseguir a los pirómanos.

R. Lo que nos transmiten los cuerpos de seguridad es que en el caso de que hubiese tramas organizadas, podrían desmontarse, porque en determinados momentos se harían visibles, a través de sus medios de actuación o de las comunicaciones entre sus miembros. La policía estaría en condiciones -como lo hace en otros delitos en los que sí operan mafias- de descubrirlas. Si existiesen, estaríamos en condiciones de descubrirlas.

P. ¿Por qué cree que los responsables políticos han deslizado esa idea?

R. Nuestra aportación a los responsables políticos será una radiografía de lo que ocurrió en esos diez días de agosto. El mensaje para la clase política será el análisis concreto de ese período en el que se denunciaban tramas incendiarias. A partir de ahí, deberemos creer en ese diagnóstico, distinguir entre invocar el imaginario popular, la Santa Compaña, y la realidad objetiva. Siempre se podrá decir después que no se ha diagnosticado el origen de la mitad de los incendios y que los detenidos son los asociales, los alcoholizados y demás porque los miembros de las bandas organizadas siguen en libertad. Eso debe ser insostenible, podríamos defender que hay vida inteligente en otros planetas, pero de momento sólo se ha demostrado que hay vida en la Tierra. Si alguien dice que hay tramas organizadas tendrá que decir en qué investigaciones se basan para defender tales afirmaciones. Los políticos deberán creer en la investigación y a partir de ahí obrar en consecuencia para neutralizar al perfil de incendiario que se determine.

P. ¿Por qué está encontrando tantas dificultades la Fiscalía en el caso Prestige?

R. Estamos ya en la fase de la prueba pericial que contempla dos partes: la estructura y condiciones de navegabilidad del buque que será encargado a un experto naval, y la otra parte relativa a las maniobras del buque, que debe ser encargada a un capitán de la Marina Mercante. Estamos deseando que el juzgado ordene la pericia a los dos profesionales designados para realizarla.

P. ¿A qué atribuye la lentitud del juzgado de Corcubión? No parece muy seria la instrucción del caso Prestige, ni que haya un verdadero interés por conocer la verdad de la mayor catástrofe medioambiental de Galicia.

R. Estamos ya en la última fase, la instrucción fue compleja, por ella pasaron distintos jueces, como se ha recalcado. Pero en este momento estamos encaminando la última fase, el fiscal de Medio Ambiente ha concretado la pericia que pedirá el juzgado.