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ECONOMÍA
Columna
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Nos preparan para la inseguridad económica

Las dos tentaciones más perjudiciales de una deslocalización frustrante son identificar chivos expiatorios falsos y buscar "salidas por lo bajo". El salario de un chino es decenas de veces inferior al de un europeo

Joaquín Estefanía

La deslocalización de hoy.

HOY ES DELPHI, en la bahía de Cádiz; ayer, una fábrica en La Toja (Galicia), y anteayer, los proveedores de Nissan, en Barcelona, para reducir los costes. Algunas son más publicitadas que otras, pero las deslocalizaciones son un efecto directo de la globalización. Toda deslocalización provoca alarma social, no sólo entre los perjudicados de la misma, sino en un entorno que se extiende en círculos concéntricos.

La deslocalización genera inseguridad: prepara a los ciudadanos para la inseguridad económica. No hay que subestimar el problema porque en principio parezca externo a nosotros. No cometer el mismo error que con la inseguridad ciudadana; más allá de que el aumento de la inseguridad sea real o no, la sensación de que existe es un dato de la realidad en sí mismo, y afecta al funcionamiento del sistema.

El discurso del economista subestima, a veces, el asunto: 1) es una dificultad menor, pues sólo afecta a una pequeña parte de las creaciones y destrucciones de empresas; 2) es un ajuste positivo, puesto que el hecho de que una empresa se marche de un sitio y vaya a otro destruye empleo y riqueza en el primero, pero los crea en el último; sería peor que cerrase; 3) el proteccionismo, la intervención pública son salidas a corto plazo, pero no solucionan los problemas reales. Todo ello es cierto, pero no es lo único cierto.

Con la globalización, el capitalismo se ha hecho móvil. En muchos casos, completamente móvil. Los centros de trabajo, las empresas en su conjunto, las mercancías, los servicios, la investigación, los recursos humanos y, sobre todo, el capital son susceptibles de ser deslocalizados de un día para otro. Y no hemos generado reglas del juego que diluyan, o palíen, los sufrimientos que genera esa movilidad, que no es cultural. Además, el modelo económico de las zonas que hoy reciben con alborozo las inversiones y los nuevos empleos (como ayer los recibimos nosotros) no está basado en el consumo interno, sino que es un modelo "hacia el exterior", cuyo fin es conseguir cuotas cada vez más amplias del pastel internacional.

La deslocalización ya no es sólo sinónimo de desindustrialización, sino que también se multiplica en el sector de los servicios, lo que aumenta el núcleo de afectados, y no sólo en el segmento de los trabajadores de escasa cualificación. Hay oficios que se creían protegidos del proceso deslocalizador y que se hallan en la competición de los mercados internacionales (hace poco aparecía un reportaje en la prensa italiana que se titulaba: "Las redacciones, amenazadas por la deslocalización", y cuyo sumario rezaba: "Para reducir costes, algunos periódicos encargan su contenido editorial a países como la India, donde la mano de obra es más barata"). El economista Daniel Cohen reflexionaba sobre el siguiente ejemplo: siempre hará falta un médico sobre el terreno para que ponga el oído sobre el pecho de un paciente, pero ya no necesariamente para examinar sus radiografías; un radiólogo indio puede ofrecer un análisis útil y más barato. El médico de cabecera sale ganando con la globalización; su colega radiólogo es un perdedor de la misma.

Hay diversas generaciones de deslocalizaciones. Algunas de las empresas que hace un lustro o dos se desplazaron al norte de África o a Europa del Este para abaratar sus costes, inician ahora otro alejamiento y se van a China o India. Quizá observemos pronto cómo desde esos nuevos gigantes emergentes saltan a Vietnam u otros países aún más baratos. ¿Adónde acaba este proceso reduccionista? Mientras se atina con los mecanismos de resistencia a corto plazo (la educación superior, infraestructuras, I+D+i, etcétera, son respuestas de medio plazo, ya que no se hicieron los deberes en su momento y se prefirió la política del déficit cero), en países como España es legítimo reclamar la intervención pública para aplicar los derechos del Estado del bienestar como protección fuerte a los afectados.

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