Política anticíclica

La crisis de los órganos constitucionales

El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional pasan por una mala etapa a causa de su empleo por la dirección del PP como plataformas para el combate partidista

LA CONSTITUCIÓN DE 1978 creó algunas instituciones designadas -total o parcialmente- por una mayoría cualificada de las Cortes y con una duración superior al mandato cuatrienal parlamentario con el propósito de que actuaran como elemento de equilibrio y de control del Gobierno y de las Cámaras. En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el sistema de elección de sus miembros fue modificado hasta en dos ocasiones, aprovechando las ambigüedades del artículo 122.3 de la norma fundamental: en la actualidad, los 20 vocales del órgano de gobierno de la magistratura son nombrados por los tres quintos de las Cámaras sobre la base de ternas previamente propuestas para cada puesto por la carrera judicial. Por su parte, la designación de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se hace cada tres años: cuatro por los tres quintos del Congreso, cuatro por los tres quintos del Senado y cuatro por el Gobierno y por el CGPJ conjuntamente. La duración de los mandatos es distinta: cinco años para el CGPJ en su conjunto y nueve años para cada magistrado del TC. (El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas son elegidos también por mayoría cualificada de los tres quintos y disponen de un mandato temporal más amplio que el parlamentario; sin embargo, la Constitución no les garantiza esa privilegiada condición, que pueden perder en el futuro por una simple decisión legal de las Cortes).

Aunque la contribución al mejor funcionamiento del sistema democrático de esos órganos constitucionales elegidos por mayorías cualificadas de parlamentos anteriores nunca haya sido enteramente satisfactoria, la situación de crisis por la que atraviesan hoy el CGPJ y el TC carece de precedente. Esas dos instituciones en teoría suprapartidistas están siendo utilizadas por el PP como plataformas de lanzamiento de una política anticíclica -para emplear metafóricamente el concepto de J. M. Keynes- capaz de contrarrestar la legislación de la mayoría parlamentaria (desde el Estatuto de Cataluña hasta la ley de matrimonio homosexual) y la estrategia general del Gobierno.

El cambio de legislatura sorprendió en 2004 al órgano de gobierno de la magistratura con el paso cambiado. Elegido en noviembre de 2001 tras una negociación en la que los delegados del PSOE mostraron una candorosa inocencia (los socialistas hasta dieron su voto al presidente Hernando), el CGPJ se convirtió en una finca de pastoreo del PP y de la Asociación Profesional de la Magistratura. De otro lado, el tercio más antiguo del actual TC había sido designado por el Senado en noviembre de 1998; sólo por escasas semanas no llegarían los populares a tiempo de cubrir el año 2004 el cupo de dos magistrados correspondiente al Gobierno, que les hubiera permitido afirmar una rotunda mayoría por ocho a cuatro en el alto tribunal. Aunque las rencillas de los magistrados afines al PP hicieron posible el nombramiento de María Emilia Casas como presidenta, la emboscada tendida a Pérez Tremps -¿cómo los interesados no se hallaban al tanto de un secreto a voces?- a propósito del Estatuto de Cataluña y el galopante deterioro de la convivencia dentro del tribunal hacen suponer que las espadas ya no serán envainadas.

El mandato de todo el CGPJ venció el 7 de noviembre de 2006; el tercio del TC correspondiente al Senado lo hará en noviembre de 2007. Cuando falta menos de un año para que las legislativas sean convocadas en su fecha límite, el PP no abandonará probablemente la tentación de seguir disponiendo del juguete de un órgano de gobierno de la magistratura dócil a sus instrucciones. Los populares quizá tampoco renuncien a saltar por encima de la actual legislatura con la esperanza de que las nuevas elecciones les permitan volver a controlar el CGPJ (y el TC). No serían necesarios demasiados esfuerzos para desarrollar esa estrategia: bastaría con la hipocresía profesional de su portavoz Zaplana y con seguir arrastrando los pies mientras culpan a los socialistas de boicotear la renovación de los órganos constitucionales: la mayoría de los tres quintos exigidos a las Cámaras impide imaginar siquiera la renovación del CGPJ y del TC sin el visto bueno del PP.