El juez Rodríguez-Zapata cobró 200.000 pesetas por un trabajo para la Generalitat

La Generalitat de Cataluña presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un extenso escrito de recusación contra el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata. El Gobierno catalán considera a este magistrado conservador no apto para debatir sobre los siete recursos de inconstitucionalidad presentandos contra el Estatuto catalán por haber elaborado un informe retribuido sobre la autonomía local catalana cuando era juez del Tribunal Supremo. Rodríguez-Zapata cobró 200.00 pesetas brutas por aquel trabajo.

La recusación del magistrado conservador para intervenir en los siete recursos presentados contra el Estatuto catalán deja sobre la mesa el dilema de si el magistrado ya recusado Pablo Pérez Tremps, que ha sido apartado del recurso del PP, puede intervenir en las deliberaciones sobre la recusación de Rodríguez-Zapata en lo que respecta a los otros recursos: los presentados por el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas, de los que no ha sido apartado.

Ayer, la comidilla en medios forenses fueron las 200.000 pesetas brutas cobradas por Rodríguez-Zapata por su trabajo frente a los 6.000 euros (un millón de pesetas) cobrados por Pérez Tremps por el suyo, cifras maliciosamente traducidas a su equivalente en términos de prestigio académico. Rodríguez-Zapata fue el ponente y artífice de la expulsión de Pérez Tremps del recurso del PP.

Según el escrito de recusación de la Generalitat, Zapata recibió un "encargo obviamente retribuido" -la cantidad figura en un anexo- por un estudio jurisprudencial sobre los principios contenidos en la Carta Europea de Autonomía Local, que junto a los trabajos de otros autores formó parte del "Informe Pi i Sunyer sobre el desarrollo autonómico y la incorporación de los principios de la Unión Europea". Además, el entonces magistrado del Supremo "colaboró regularmente desde comienzos de los años 90 los trabajos de la Fundación" relativos al gobierno local. Posteriormente, esos criterios tuvieron su reflejo en el Título Preliminar y en diversos artículos del actual Estatuto.

La Generalitat asegura que "en ningún momento había podido dudar de la actuación imparcial" de Zapata como magistrado constitucional hasta que el auto del Alto Tribunal del 5 de febrero admitió la recusación de Pérez Tremps. Al haber modificado el Tribunal su doctrina anterior y haber hecho una interpretación estricta de la exigencia de imparcialidad, Zapata queda incurso en causa de recusación pro haber "intervenido indirectamente en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Cataluña".

El escrito destaca que Rodríguez-Zapata, en un voto particular a la primera recusación del PP contra Pérez Tremps, sostuvo que "quien intervino en un asunto concreto como asesor, no debe resolver como juez en los asuntos que dimanan del mismo".