El fiscal de Alicante abrió 52 diligencias por delitos contra el territorio en 2006

El fiscal delegado de Medio Ambiente de Alicante, Juan Carlos Carranza, pide un compilatorio de toda la legislación vigente en esa materia. El representante del ministerio público considera que la dispersión actual de esa legislación, sobre todo la emanada de la Administración central, autonómica y europea es una dificultad añadida a la hora investigar los asuntos de ese destacamento de la Fiscalía. Esta demanda se recoge en la memoria correspondiente a 2006 esta delegación de la Fiscalía de la Audiencia, que se puso en marcha en octubre de 2004.

De acuerdo a los datos recogidos en la memoria, la Fiscalía delegada de Medio Ambiente de Alicante abrió el pasado año 52 diligencias de investigación por un delito contra la ordenación del territorio [categoría penal que incluye todas las iniciativas urbanísticas contrarias al modelo de crecimiento sostenible]. El ministerio público remitió a los juzgados una veintena de esas denuncias al apreciar indicios de delito. Este departamento incoó, además, 89 diligencias por un delito de incendio forestal de las que se archivaron 86 por falta de autor conocido y tres se remitieron con denuncia al juzgado.

A parte de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Medio Ambiente, los juzgados de la provincia incoaron diligencias previas por 34 casos relacionados con incendios forestales; cuatro por delitos contra los recursos naturales; cinco por atentados a la flora y fauna; y otras 14 por causas relacionadas con supuestos delitos contra la ordenación del territorio.

El caso estrella de la Fiscalía delegada de Medio Ambiente de Alicante es la masiva construcción de casas en suelo no urbanizable y sin licencia, en plena huerta del término de Catral. El juzgado abrió las diligencias a raíz de una denuncia de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) contra el alcalde, el ex socialista José Manuel Rodríguez, y cinco promotores locales, por los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Tras revocar la juez su decisión inicial de archivar el caso y, por tanto, retomar la investigación, la Fiscalía de Alicante acordó encargar la acusación pública al fiscal delegado de Medio Ambiente. Tras la declaración del regidor y dos de los promotores imputados, Juan Carlos Carranza está ahora a la espera de un informe de la Inspección de Urbanismo de la Consejería de Territorio y Vivienda para acordar la petición de nuevas pruebas.