El Constitucional admite el recurso de la Generalitat contra la Ley de la Abogacía

El Tribunal Constitucional decidió la admisión a trámite del primer recurso que el actual Gobierno tripartito interpuso contra una disposición del Ejecutivo central. La norma recurrida por la Generalitat es la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales aprobada en el Congreso el pasado mes de octubre con el voto en contra del Partido Popular.

En una resolución emitida ayer por el alto Tribunal, la sección tercera del Constitucional admitió a trámite el recurso y envió dicho informe al Congreso, al Senado y al Gobierno para que puedan presentar las alegaciones que crean oportunas.

La decisión de recurrir la ley fue tomada por el Ejecutivo catalán a propuesta de la consejera de Justicia, Montserrat Tura, y tras el fracaso de las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno Central para buscar una solución negociada al conflicto competencial.

Según el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de la Generalitat, media docena de artículos y una disposición adicional de la Ley de la Abogacía "exceden las competencias reservadas al Estado" y, por tanto, "vulneran las competencias del Gobierno catalán" en materia de Justicia, así como las reservadas a la autonomía universitaria.

De forma más concreta, los preceptos de la ley estatal recurridos son los artículos que se refieren a la formación necesaria para que los candidatos puedan ser evaluados, las escuelas de práctica jurídica, los criterios de acreditación a las universidades formadoras, la composición de las comisiones evaluadoras, el establecimiento de ayudas y becas, y la facultación única del Gobierno central y los ministerios competentes para dictar las disposiciones reglamentarias.