Bloqueo institucional

Lo que cabe esperar de quienes en prórroga de sus funciones están al frente de una institución, es que actúen con la máxima prudencia, gestionen lo estrictamente necesario para su funcionamiento ordinario, se abstengan de adoptar decisiones comprometedoras para quienes deben tomar su relevo y eludan polémicas y roces entre poderes que, en las circunstancias de transitoriedad en que se hallan, están menos justificados que nunca. Es dudoso que el actual Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace ya casi cuatro meses, se comporte de ese modo mesurado y prudente, el mismo que se exige, por ejemplo, a un Gobierno que espera ser sustituido tras unas elecciones generales.

Sus competencias sobre el gobierno de los jueces no quedan reducidas por estar el Consejo en funciones. Es cierto. Pero quienes las ejercen no pueden hacer abstracción de que su mandato de cinco años, constitucionalmente establecido, concluyó el 7 de noviembre pasado. Tampoco puede obviar su presidente, que también lo es del Tribunal Supremo, que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece taxativamente que cesa al término del mandato para el que fue elegido. Por ello resulta alarmante que su voto siga plenamente operativo para sacar adelante decisiones avaladas en exclusiva por el sector conservador del Consejo. En todo caso, hay que señalar como una muestra de cordura y de no beligerancia la declaración institucional de ayer, acordada por una amplia mayoría del Consejo, en respuesta a las declaraciones del ministro de Justicia, Fernández Bermejo, sobre el supuesto déficit de legitimidad del Consejo. Pues más allá del desacierto del término empleado por el ministro, la actual situación del Consejo no es la deseable y menos lo será cuanto más se vaya dando largas a su renovación.

De dicha situación tienen la culpa el Parlamento y, más en concreto, los grupos que deben conformar la mayoría de tres quintos -210 diputados en el Congreso- exigible para elegir a los 20 vocales del Consejo. De ahí que resulte hipócrita que Acebes, para forzar una situación que le beneficia, se adelante a echar sobre el Gobierno y el nuevo ministro de Justicia la responsabilidad de que se prolongue hasta el final de la legislatura el Consejo elegido en 2001 por un Parlamento con mayoría absoluta del PP. Ese riesgo acecha también a instituciones como el Constitucional y el Tribunal de Cuentas, si el PP utiliza su necesario concurso para alcanzar la mayoría exigible como medio de bloqueo de su renovación.