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Tribuna:OPINIÓN

Accesibilidad 'web': un camino por recorrer

Desde hace un año la legislación española obliga a que las páginas web públicas sean accesibles para todos los ciudadanos. Sin embargo, el grado de cumplimiento de la normativa deja mucho que desear. El lanzamiento de la certificación web de AENOR contribuye a generar seguridad a los que crean servicios electrónicos para todos .

Hace un año que ha entrado en vigor la obligatoriedad legal para la accesibilidad de los sitios web públicos. Sin embargo, el grado de cumplimiento de la ley deja mucho que desear. A pesar de eso, hay síntomas que indican un viraje en la dirección correcta.

"Muchas empresas tecnológicas siguen atrapadas en un falso conflicto entre diseño y accesibilidad, entendiendo que ambos conceptos están reñidos"

"Si hay consciencia del problema por parte de la Administración pública, cierta sensibilidad en el sector empresarial y tecnología, ¿dónde está el problema?"

La intención y la preocupación, sobre todo de las administraciones públicas, por disponer de sitios web accesibles a todos los ciudadanos y que respondan al concepto de accesibilidad para todos, basándose en el cumplimiento de los estándares WAI de W3C, es ya patente y constatable. Buenos ejemplos son los galardonados con los Premios TAW 2006: el Ayuntamiento de Zaragoza y el portal de Mayores del Imserso.

A finales del año pasado se celebró el Día Internacional de la Discapacidad, declarado por la ONU el 3 de diciembre, y que en el año 2006 estuvo dedicado específicamente a la accesibilidad electrónica. Como se puede observar, la preocupación no es sólo del Estado español sino internacional. Y no es que la preocupación solucione el problema pero la consciencia de la existencia del mismo ayuda a buscar soluciones.

A su vez, en el mundo empresarial, la responsabilidad social corporativa está llevando a que grandes empresas apliquen políticas de accesibilidad en sus sitios web, lo que hace de tractor para que otras empresas sigan el mismo camino. Un buen ejemplo lo tenemos en el sector bancario, con abanderados como Caixa Terrassa, Caja Madrid y Cajastur.

Si hay consciencia del problema por parte de las administraciones públicas, cierta sensibilidad en el sector empresarial y tecnología disponible. ¿Donde está el problema? Fundamentalmente en el sector tecnológico, que debiera ser el más sensible a la hora de proporcionar las soluciones, que las hay, tanto a administraciones como a empresas. Sin embargo, con excesiva frecuencia las empresas tecnológicas no aplican las pautas de accesibilidad a sus propios sitios web, además de proporcionar soluciones y desarrollos para las administraciones que siguen teniendo defectos importantes de accesibilidad. A esto hay que añadir un problema generalizado en las herramientas de gestión de contenidos que no generan páginas accesibles (claro está, siempre existen honrosas excepciones como la asturiana Intermark, que dispone de un gestor que sí genera contenidos accesibles).

Muchas empresas tecnológicas siguen atrapadas en un falso conflicto entre el diseño y la accesibilidad, entendiendo que ambos conceptos están necesariamente reñidos, lo que les conduce a primar la estética sobre el derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos.

Ante esta situación de aguas revueltas, y con excesiva frecuencia, se publican informes sobre cumplimiento o incumplimiento de las pautas de accesibilidad web realizados por organismos variopintos que son recogidos por los medios de comunicación. Algunos de estos informes son oportunistas, basados en herramientas exclusivamente de análisis automático y realizados sin ningún conocimiento técnico sobre la tecnología de accesibilidad web. No responden a ninguna metodología, ni análisis realizado por expertos. Y ello produce efectos colaterales no deseables.

A pesar de todo, el camino del cambio está marcado. Las administraciones presionan porque quieren cumplir la ley, lo que arrastra a los suministradores de tecnología a proporcionar las soluciones adecuadas (el mundo al revés).

El reciente lanzamiento de la Certificación de Accesibilidad Web de AENOR, que supone que un tercero neutral certifique el cumplimiento del estándar tecnológico, contribuirá a generar seguridad a los que se aventuren a la construcción de servicios electrónicos web para todos.

Otros factores también acelerarán el proceso del cambio: algunas comunidades han decidido crear observatorios de accesibilidad (Asturias, Valencia, la Administración General del Estado a través de Inteco...); todos aquellos que gestionan fondos públicos están también obligados al cumplimiento de la ley de accesibilidad (fundaciones, ONG, museos, bibliotecas, organismos autónomos de distintas administraciones, etcétera); en los pliegos para la contratación de arquitecturas web para las administraciones ya no sólo se solicitará que los desarrollos deben ser accesibles sino que, también, las webs de las empresas que acudan a los concursos deben ser accesibles; y todo apunta a que a medio plazo las empresas que soliciten ayudas de cualquier tipo a las administraciones deberán cumplir con el requisito básico de disponer de su site web accesible. En definitiva, la presión proviene de muchas direcciones, lo que acelerará el proceso del cambio.

Al fin y al cabo es algo tan sencillo de entender que no es discutible: el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información electrónica a través de Internet, o lo que es lo mismo, el derecho a una Web para todos.

Pablo Priesca, director de la fundación CTIC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de marzo de 2007