La Generalitat rechaza indemnizar a los afectados por Maeso en centros privados

La Generalitat cerró ayer el turno de los responsables civiles en la última sesión del juicio por el contagio masivo del virus de la hepatitis C en cuatro hospitales valencianos. De los 275 afectados incluidos en la causa, el Consell sólo acepta indemnizar a los 46 que fueron intervenidos por el procesado, Juan Maeso, en La Fe. En cambio, rechaza indemnizar al resto, los que fueron intervenidos en centros privados. Sostiene la Administración autonómica que son las aseguradoras quienes deben hacer frente porque el hecho que se imputa no es una excepción en las pólizas de seguros.

El Consell sólo acepta indemnizar a los afectados intervenidos en La Fe

Casi dos horas empleó el letrado de la Generalitat en exponer la posición de la Administración autonómica respecto a su responsabilidad civil subsidiaria respecto de los 275 contagiados por el virus de la hepatitis C incluidos en la causa contra Juan Maeso. En esencia, la Generalitat rechaza indemnizar a los pacientes que fueron intervenidos por Maeso en centros privados, la mayoría. Sólo acepta, como ya dejara claro el Consell antes de que iniciara el juicio, pagar a quienes fueron atendidos por Maeso en La Fe, 46 enfermos.

La Generalitat repasó la Ley del Contrato del Seguro y jurisprudencia del Tribunal Supremo para respaldar su posición. La Administración autonómica, según explicó ayer el letrado, discute el argumento más extendido entre las aseguradoras responsables civiles directas. Éstas consideran que si Maeso es condenado por pincharse y pinchar después con la misma aguja a un paciente no es un accidente, es una acción que encierra dolo. El núcleo de la discusión es si Maeso quiso o no causar daño a cada una de esas personas. El letrado de la Generalitat entiende que no es así, que la voluntad no era ésa y que por tanto las excepciones que incluyen las pólizas de seguros por situaciones derivadas del ejercicio profesional y que específicamente recogen el dolo no son aplicables a este caso. Sería, expuso el letrado, una acción profesional que produce un daño involuntario. Y eso sí está en las pólizas de seguro. De hecho, además de insinuar el debate entre dolo eventual y culpa consciente, el abogado recuperó el planteamiento que la judicatura asumió en el juicio por el aceite de colza. En ese caso, dijo, se objetivó el dolo eventual y se afirmó que la intención no es el hecho esencial, que los daños por dolo eventual estaría incluidos en las pólizas de responsabilidad civil, que es de lo que se trata.

Pero además, el representante de la Administración autonómica planteó otras razones. Para el letrado, no es admisible que las compañías de servicios médicos rechacen indemnizar a los afectados porque Maeso no formaba parte de su cuadro médico. Según explicó, parece incuestionable que entre Maeso y las distintas mutuas existía un contrato de arrendamiento de servicios. "Había una relación jurídica entre el doctor Maeso y quienes le pagaban", afirmó. A su juicio, el contrato de asistencia médica es entre la sociedad médica y el usuario, y para este último los médicos forman parte de esa empresa. Además, el abogado expresó su convicción de que la Ley de la Seguridad Social equipara a las entidades colaboradoras (como Iberdrola, Telefónica, ONCE) con las gestoras de la Seguridad Social (Instituto Nacional de Salud, Insalud o Consejería de Sanidad) en la tutela que les corresponde por una mala práctica profesional, que sería donde encajaría el supuesto imputado a Maeso.

Maeso trabajó varias décadas en la Casa de Salud, una clínica privada que alquila quirófanos a equipos médicos y que rechaza cualquier responsabilidad civil en el caso. El abogado de la Generalitat dijo ayer que Maeso era empleado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que ése es un servicio central y que Casa de Salud no puede eludir sus obligaciones como responsable civil subsidiario.

El letrado rechazó las acusaciones de negligencia por falta de vigilancia de Sanidad, ya que dijo que cualquier inspección hubiera resultado nula, dado el mecanismo de contagio supuestamente utilizado. Y tampoco aceptó la supuesta responsabilidad de la administración por no hacer frente a tiempo al brote porque, aseveró, "se actuó cuando se conoció".

El abogado de la Generalitat se refirió expresamente a la supuesta adicción a los estupefacientes de Juan Maeso. Negó taxativamente que la Administración las hubiera conocido nunca. Más aún, negó que hubiera sabido de los rumores que según el fiscal eran "sospecha pública generalizada".

El letrado dijo que en el juicio, que ha durado 17 meses y en el que han intervenido casi 600 testigos y un centenar de peritos, los 23 cirujanos citados negaron haber oído alguna vez un rumor sobre ese hecho. De 16 enfermeras, seis dijeron que sí (dos expedientadas por Maeso y cuatro con manifiesta animadversión hacia el médico). De hecho, desacreditó como indicio incriminatorio esgrimido por el fiscal y las acusaciones esos rumores. Y repitió que nada en ese sentido se ha probado en las casi 1.000 horas de juicio.