Las Cámaras piden más peso de la iniciativa privada en la obra pública

Obras públicas financiadas con capital privado o mixto. La Generalitat empezó hace algunos años a recurrir a estas fórmulas de financiación ante la complicada situación de sus arcas. En junio de 2005 la Consejería de Infraestructuras adjudicó la construcción de la primera carretera (55 kilómetros de autovía entre Valencia y Losa del Obispo) financiada a través del conocido como peaje en sombra, fórmula que lleva a la concesionaria a pagar las obras y el mantenimiento a cambio de que la Generalitat pague un canon por cada vehículo que utilice la infraestructura durante un determinado periodo de tiempo.

La fórmula ha ido ganando protagonismo y, de hecho, hace unos días el titular de Infraestructuras, José Ramón García Antón, aseguraba en Alicante que alrededor de la mitad de las infraestructuras viarias licitadas en 2006 se iban a financiar con el peaje en sombra o con el modelo alemán (pago aplazado a la constructora de un vial). La previsión es que vaya a más.

Los nuevos retos

Un informe de la Cámara de Comercio de Alicante sobre los nuevos retos de la Comunidad Valenciana asegura que la "financiación privada o mixta de infraestructuras" tendrá que ganar protagonismo en el periodo 2007-2013. El informe plantea esta necesidad como respuesta a la escasez presupuestaria y a la reducción de los fondos que llegan de Bruselas, una vez la Comunidad Valenciana ha dejado de ser región Objetivo 1 de principal atención presupuestaria.

La entidad que preside Antonio Fernández Valenzuela hace hincapié en este tema porque considera la programación del mapa de infraestructuras como "uno de los instrumentos más importantes para mejorar la competitividad regional". La Cámara, en general, critica que la Comunidad Valenciana no recibe la inversión pública en infraestructuras que corresponde con lo que aporta al conjunto de España en población y riqueza. El primer porcentaje se situaría en el entorno del 9% mientras que debería "superar cuanto antes el 10%". El bajo nivel de inversión de la Administración Central en el territorio ha ocasionado "un déficit en infraestructuras que debe ser corregido", insiste. El informe "exige una nueva estrategia conjunta de las Administraciones públicas y los agentes sociales y económicos".

El análisis es más amplio y también advierte sobre la necesidad de profundizar en un "nuevo modelo" de crecimiento económico. A partir de la premisa de que la nueva coyuntura de la economía internacional ha hecho perder posiciones en la competitividad del tejido productivo autonómico, reduciendo el "tradicional superávit exterior" de la balanza comercial, la Cámara reclama una reorientación del modelo hacia nuevas actividades y nuevos sectores, la transformación de las empresas existentes o la creación de nuevas firmas "de mayor base tecnológica".