El consejero delegado de Metrovacesa cobra 3,2 millones por dimitir y dejar la sociedad
El hasta ahora consejero delegado de Metrovacesa, Manuel González García, ha hecho valer la cláusula de blindaje de su contrato y cobrará unos 3,2 millones tras haber dimitido de su cargo esta semana, cuando se ha hecho público el acuerdo para dividir la empresa entre la familia Sanahuja y la alianza del presidente de la compañía, Joaquín Rivero, y Bautista Soler.
La cláusula de blindaje equivale habitualmente al despido dorado de los altos ejecutivos de la compañía, pero en este caso no ha habido cese alguno, sino una desbandada de quien hasta ahora era un hombre de confianza de Rivero, según fuentes del mercado.
González ya anunció su intención de abandonar la compañía hace unas semanas, durante las negociaciones entre Rivero y Sanahuja para poner fin a la guerra por la compañía. Con este aviso y el proceso abierto, el consejo optó a principios de año por no aprobar el blindaje que había sido pactado para toda la cúpula directiva de la inmobiliaria (una docena de altos ejecutivos) y del propio presidente, que rehusó a ella.
El consejero delegado, además, ha vendido sus acciones, un paquete que ayer Bolsacinco, que adelantó la noticia, cifró en 1.265 títulos por valor de 155.000 euros.
Muchos otros anónimos accionistas han seguido esta senda. Ayer, los títulos de Metrovacesa redujeron su caída al 0,88%, hasta los 107 euros, con lo que la capitalización se sitúa en 11.688 millones.
El precio en el que los dos grandes accionistas de Metrovacesa han pactado valorar la compañía -75,67 euros por título- ha llevado a algunos minoritarios, como la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), a pedir que se lance una OPA de exclusión previa a la segregación confiando en lograr un precio más elevado.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, opinó que esta exclusión "no tiene por qué ser la opción más lógica" para la compañía, y prometió pronunciarse sobre la operación "con la mayor rapidez".
El consejo de la francesa Gecina, la parte del negocio que acabará en manos de Rivero y Soler, indicó ayer que aún carece de "elementos suficientemente precisos" sobre proceso pero velará por sus accionistas, según Efe.
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