El Ayuntamiento de Gibraleón investiga una recalificación de 2001
Las supuestas irregularidades afectan a una promoción de 323 casas
El Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) investiga una recalificación realizada en 2001 y que permitió planear 323 viviendas donde antes sólo había previstas 171. La Corporación está a la espera de un informe jurídico para decidir sobre la suspensión de la licencia de obras. Las viviendas son el resultado de tres convenios urbanísticos firmados por el entonces alcalde, José Luis Rodríguez, actual diputado y miembro de la dirección del PP.
Los convenios reclasificaron 3,5 hectáreas de terreno. El actual gobierno de Gibraleón sospecha que los acuerdos son ilegales.
Los Verdes también denunció ayer que la operación urbanística supuso la ampliación del número de viviendas previstas de 171 a 323 y que semejante incremento se hizo a costa de suprimir más de 10.450 metros cuadrados destinados a dotaciones (zonas verdes y un colegio, entre otras).
El objetivo de la operación, según consta en los mismos convenios, era construir en los 2.000 metros cuadrados de terrenos dotacionales restantes, el nuevo teatro municipal. Finalmente, ninguna de las viviendas ha sido construida. Y el teatro se ubicará en otro lugar.
Fuentes del gabinete jurídico municipal destacan otras presuntas irregularidades al afirmar que la operación no se adaptó al planeamiento urbanístico de entonces, ni tampoco encaja en el Plan General de Ordenación Urbana que actualmente se tramita. Por tanto, la reclasificación, como tal, no se ha dado.
Las mismas fuentes alertan de que una de las empresas inmobiliarias ha iniciado la venta a particulares de viviendas sobre plano. El gabinete jurídico señala que, al menos 20 de estos compradores, han acudido en los últimos meses a solicitar información sobre el estado de un proyecto urbanístico que ellos creyeron perfectamente legal.
Tras toda la operación, fuentes municipales sospechan que exista un pelotazo urbanístico. Como ejemplo de la revalorización que sufrieron los terrenos, destacan el caso de una parcela de 6.000 metros cuadrados, valorada en unos 300.000 euros mientras estaba catalogada como urbanizable, que fue vendida por 1,1 millones de euros cuando pasó a ser urbana.
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