Extremadura recurrirá el Estatuto ante el Constitucional por la gestión del Guadalquivir

El Estatuto andaluz, aprobado el pasado domingo en referéndum, llegará a los tribunales. El presidente de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció ayer que recurrirá el texto acordado por PSOE, PP e IU ante el Tribunal Constitucional por el artículo que atribuye a Andalucía la "gestión exclusiva" sobre las aguas del Guadalquivir que transcurren por la comunidad. En un acto en Sevilla al que tenía prevista su asistencia el presidente andaluz, Manuel Chaves, Ibarra sostuvo que Andalucía "se apropia" de una competencia exclusiva del Estado. La Junta replicó que Ibarra hace una "lectura equivocada" del Estatuto andaluz y que el artículo sobre el Guadalquivir "es plenamente constitucional".

El artículo 51 del Estatuto de Autonomía fue uno de los enmendados por los socialistas en el trámite de discusión en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Para evitar, precisamente, que otras comunidades pudieran recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, los legisladores cambiaron la redacción inicial del Parlamento andaluz en la que se afirmaba que la comunidad autónoma andaluza tiene "competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir".

Aunque en un mínimo porcentaje, ésta afecta además a Extremadura (con un 2,45% de la cuenca), Murcia (0,20%) y Castilla-La Mancha (7,13%). En el Congreso se cambió la redacción en la que se aludía a la cuenca hidrográfica por la de "las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma". En ambas redacciones se especificaba de manera clara que esta competencia se ejerce "sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general", como prevé el artículo 149.1.22 de la Constitución.

La gestión sobre el Guadalquivir se pedía también en el proyecto inicial del Parlamento andaluz a través de una disposición adicional en la que se reclamaba la cesión de competencias exclusivas del Estado a través del artículo 150.2 de la Constitución. No sólo se demandaba el Guadalquivir, sino también aeropuertos y puertos de interés general, servicio meteorológico, archivos, museos y bibliotecas. El PSOE tachó este artículo del Estatuto en el Congreso.

Recurso "sin duda"

Estas cautelas introducidas en el Estatuto durante su tramitación en el Congreso son insuficientes para Rodríguez Ibarra, que ya anunció hace meses la posibilidad del recurso. "Sin duda. Recurriremos en el momento en el que se publique", afirmó. Rodríguez Ibarra aprovechó la celebración en Sevilla de unas jornadas gastronómicas extremeñas para hacer este anuncio. Manuel Chaves tenía previsto asistir a este acto, aunque finalmente no acudió porque tuvo que coger un avión para acudir a Madrid al homenaje al fallecido diputado socialista Alfonso Perales por el accidente en las vías del AVE.

Ibarra justificó su decisión de la siguiente manera: "Lo recurriremos porque creemos que afecta a competencias que son exclusivas del Estado y a un río que tiene una parte en Extremadura, aunque sea muy pequeña. La Constitución lo que dice es taxativo: los ríos que transcurren por varias comunidades autónomas, por varios territorios, son competencia exclusiva del Estado. No dice que si un río transcurre el 92% por un sitio y el 8% restante por otro sea competencia del primero. El artículo andaluz que se apodera en exclusiva del Guadalquivir es una falsa competencia exclusiva. Está redactado (...) para que nos creamos que es una competencia real, pero es falsa", argumentó Ibarra.

El presidente andaluz respondió contrariado a la iniciativa de su compañero de partido. Chaves aseguró que el artículo "es plenamente constitucional" y que no puede "entender la reacción" de Ibarra. Recordó que el Estatuto andaluz ha sido aprobado por los parlamentarios extremeños del PSOE y del PP en el Congreso y en el Senado y que recoge una gestión "solidaria" del agua.

El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo sostuvo que el recurso de Extremadura tiene "muy pocas posibilidades" de prosperar porque la redacción del artículo 51 ha sido "muy cuidadosa" y "tiene cabida perfectamente" en la Constitución.