La Audiencia juzgará a Ávila Rojas por apropiación indebida
El juzgado penal se inhibe por la magnitud de la posible pena
La Audiencia Provincial de Granada será la que finalmente juzgue al promotor José Ávila Rojas por dos operaciones urbanísticas irregulares, después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada se inhibiera de la causa. El traslado de las diligencias se debe a que el delito de apropiación indebida que le achaca la acusación particular de forma alternativa al de estafa, supera la pena de cinco años de prisión.
La defensa de Ávila Rojas, imputado en el caso Malaya contra la corrupción en Marbella, estima que el juzgado de lo Penal no es competente para juzgar a su cliente después de que la acusación particular, ejercida por la empresa Promociones y Propiedades Inmobiliarias, SL, solicitara una calificación alternativa al fraude por apropiación indebida, que puede conllevar una pena de seis años de cárcel. La acusación particular se mostró conforme con la medida.
El fiscal acusa al constructor de cometer sendos fraudes a la Hacienda Pública por los que solicita un total de ocho años de cárcel y 20 millones de euros de multa. La primera operación irregular tuvo lugar el 22 de mayo de 2001, cuando el empresario y la sociedad CCF 21, perteneciente al empresario Carlos Sánchez , también imputado en el caso Malaya, adquirieron una finca en Marbella.
El mismo día los nuevos dueños vendieron la finca a Promociones y Propiedades Inmobiliarias, SL. En el contrato se estipuló que la operación quedaba sujeta al pago del IVA, una cantidad que deberían ingresar en Hacienda los vendedores, ya que supuestamente la habían recibido de los compradores, que adelantaron el 16% de la transmisión, lo que no se llevó a cabo. La cantidad defraudada asciende a 580.577 euros en concepto de IVA y a 1,95 millones de IRPF. La acusación particular ve también una presunta apropiación indebida, por la que reclama seis años de prisión y multa.
La segunda operación se desarrolló el 29 de junio de 2002 Presuntamente, el empresario y de nuevo CCF 21 vendieron otra finca y tampoco, según el fiscal, pagaron a la Agencia Tributaria los impuestos correspondientes.
