Uno de los acusados del 11-M será juzgado el jueves en otro tribunal por terrorismo islamista

Jamal Zougam, presunto autor material de la masacre, continuará hoy con su declaración

Uno de los 29 acusados por la masacre del 11-M será juzgado el jueves en otro procedimiento y ante otro tribunal por terrorismo islamista. Se trata de Mohamed Larbi Ben Sellam, para quien el fiscal pide 12 años de cárcel por integración como promotor en organización terrorista islamista, la misma pena que solicita el fiscal para él en el caso del 11-M. El juicio del jueves es contra la célula salafista Combatientes Magrebíes, creada en febrero de 2003 en Madrid por Mustapha el Maimouni. Además de Ben Sellam, también van a ser juzgadas dos personas que estuvieron imputadas en el 11-M, aunque finalmente fueron exculpadas: Faisal Allouch y Khalid Zeimi Pardo. La fiscalía pide para Faisal Allouch 12 años de cárcel, y 10 para Zeimi Pardo por integración en organización terrorista.

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Los otros acusados en este proceso también se enfrentan a 10 años de prisión por un delito de integración en banda armada. El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Mustapha el Maimouni, preso en Marruecos por los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003, comenzó a captar marroquíes para convertirlos al islamismo radical y utilizarlos en la yihad, en su acepción de cometer atentados contra los infieles, primero en Marruecos y luego en España, a través de las personas en las que tenía plena confianza. Entre los captados se hallan los antes citados.

Imputaciones

Según el fiscal, estas personas "iban a dirigir el grupo, impartiendo clases sobre el islam más radical para realizar la yihad contra los infieles y cruzados, visionando vídeos de las guerras que grupos de muyahidines realizaban en Afganistán y Chechenia". También formaban parte de este grupo Said Berraj, El Mensajero, y Mohamed Afalah, que huyeron del piso de Leganés (donde se suicidaron siete de los autores de los atentados de Madrid) al detectar la presencia policial. Se cree que Afalah se suicidó en Irak. También pertenece a este grupo Rabei Osman el Sayed, Mohamed el Egipcio, que se enfrenta a 38.656 años de cárcel en el juicio por el 11-M. A esta célula también pertenecía Jamal Zougam, para quien el fiscal pide 38.654 años de cárcel como autor material de los atentados del 11 de marzo. Estos últimos no serán juzgados el jueves porque se les imputan delitos ya subsumidos en el 11-M. A Ben Sellam se le juzga en ambos procesos porque se le atribuyen delitos diferentes.

Hoy, lunes, se reanuda el juicio por la masacre del 11-M, que comenzó el pasado jueves día 15. Proseguirá con su declaración Jamal Zougam, que responderá a las preguntas de su abogado José Luis Abascal y que está considerado uno de los autores materiales del atentado. El pasado viernes, a las tres de la tarde, el presidente del tribunal decidió suspender la sesión porque Zougam se mostró "cansado" tras someterse a todas las preguntas de la fiscalía y de las distintas acusaciones. Zougam negó su implicación en la masacre de Madrid y declaró que "estaba durmiendo" cuando explotaron las bombas.

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Por otra parte, el pasado 23 de enero de 2007, el tribunal envió un escrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el que le pedía los informes elaborados por agentes de ese servicio sobre la entrevista que mantuvieron en Avilés (Asturias) con el implicado en el 11-M Emilio Suárez Trashorras, integrante de la trama que facilitó los explosivos al grupo de radicales islamistas que pusieron las mochilas bomba en los trenes. La entrevista tuvo lugar en la comisaría de Avilés el 17 de marzo de 2004, tras su detención por la masacre de Madrid. Según publicó ayer El Mundo, el CNI se ha negado a facilitar al tribunal esos informes. En realidad, lo que el CNI indica al tribunal es que se trata de información legalmente clasificada como secreta y que no puede proporcionársela porque su desclasificación es competencia del Consejo de Ministros. El CNI explica al tribunal: "No resulta legalmente posible acceder a su solicitud habida cuenta de que es el Consejo de Ministros el órgano que, dentro de su ámbito competencial, ha de pronunciarse respecto a la cancelación de la calificación de materia clasificada secreta que pesa sobre la información solicitada por V. E.".

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