Los socialistas madrileños se comprometen a garantizar por ley la vivienda a las familias de menos ingresos

Los madrileños con ingresos de hasta 28.000 euros anuales tendrán garantizada la vivienda, si el Partido Socialista gana las elecciones autonómicas del próximo 27 de mayo. Éste es el compromiso que ayer adquirió el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, al anunciar que promulgará una ley de garantía del acceso a la vivienda, con un presupuesto de 2.752 millones de euros, el 0,5% del PIB regional.

Al igual que el Gobierno francés, los socialistas de la Comunidad de Madrid quieren que la vivienda sea un derecho que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales. En Francia se ha garantizado por ley a los sin techo y en Madrid el compromiso es reconocerlo para aquellos que no tienen acceso a la vivienda de precio libre, que, según los socialistas, es el 60% de los madrileños. "Si hasta ahora no se ha hecho es porque no ha habido voluntad", afirmó Simancas.

El candidato anunció que previamente pondrá en marcha una serie de medidas para favorecer el acceso a la vivienda. Su plan se basa en tres pilares: fomentar el alquiler, sacar al mercado pisos protegidos y rehabilitar las casas en mal estado. Para lo primero tiene previsto crear un parque de 40.000 viviendas de alquiler que dependan del Gobierno regional y que tendrán un precio de 300 euros al mes.

Además, los socialistas se comprometen a construir unas 108.000 viviendas de precio tasado en su primer mandato y a rehabilitar en ocho años las 190.000 infraviviendas que existen en la región. También han previsto aportar ayudas, por importe de 125 millones de euros, para la compra y arrendamiento de pisos a quienes superan los ingresos de 28.000 euros anuales.

"En estos momentos hay ya suelo en la comunidad para construir todas esas viviendas con los planeamientos en curso", aseveró el candidato socialista.

La propuesta no fue bien recibida por el PP, cuyo portavoz en la Asamblea regional, Antonio Beteta, consideró que era "una broma". Y puntualizó: "El reconocimiento de los derechos subjetivos corresponde, según la Constitución, a las Cortes Generales".