Dos presidentes de sección y uno de sala integran el tribunal

El inicio del juicio por los atentados del 11-M pone a los tres magistrados que forman el tribunal bajo los focos. Se trata de Javier Gómez Bermúdez, Fernando García Nicolás y Félix Alfonso Guevara Marcos, tres pesos pesados de la Audiencia Nacional, que presiden la Sala de lo Penal, la Sección Segunda y la Sección Tercera, respectivamente.

Javier Gómez Bermúdez, de 44 años, es el presidente del tribunal y el ponente de la causa, es decir, que será el encargado de redactar la sentencia. Fue nombrado presidente de la Sala Penal de la Audiencia en julio de 2004, aunque el Supremo anuló su nombramiento por entender que el Consejo del Poder Judicial no había motivado su decisión. El Consejo le nombró de nuevo para el puesto, pero otra vez el Supremo revocó la designación porque el órgano de Gobierno de los jueces tuvo en cuenta méritos posteriores a la fecha de la primera elección. El Consejo le acaba de volver a nombrar para el cargo el pasado 17 de enero, nombramiento que ha vuelto a ser impugnado.

Durante los dos años y medio que lleva en el puesto, ha presidido el juicio contra los miembros de la célula española de Al Qaeda, que dirigía Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah. En aquel juicio mostró contundencia y flexibilidad cuando se requería, al tiempo que daba respuestas bien fundadas en derecho a los problemas que se le plantearon.

También ha firmado sentencias polémicas, como la referida al etarra Henri Parot, que fue anulada por el Supremo, o la condena a los etarras que pensaban volar un tren en la estación de Chamartín en Navidad, por tantos asesinatos frustrados como personas viajaban en el tren.

García Nicolás tiene 65 años y la salud delicada. Fue ponente de la sentencia que condenó a fuertes penas a los etarras que trataron de atentar contra el Rey en Palma de Mallorca.

Alfonso Guevara, de 50 años, ha sido conocido por sus enfrentamientos con etarras al presidir el tribunal. Fue el artífice de la avocación a pleno del caso De Juana y de impedir su excarcelación.