Conductas impropias
¿Tienen los socialistas valencianos una política urbanística propia? En contra de lo que pueda parecer a primera vista, la pregunta no es fácil de responder. Sin duda, los socialistas valencianos deben tener una política urbanística, es decir, un criterio sobre cómo encauzar las demandas de los constructores y las necesidades de la sociedad. Es lo que se espera de un partido que aspira a gobernar. En este sentido, se han producido diversas intervenciones de cuadros socialistas proponiendo un uso más racional del territorio, adecuado a los recursos que disponemos y que cada día son menores. Pero estas intervenciones, por lo general, no han pasado de ser planteamientos teóricos, de un carácter bienintencionado, que, en el fondo, comprometen a poco. Las propias declaraciones de Joan Ignasi Pla sobre el asunto, cuando se han producido, han tenido un aire inconcreto, de aplazamiento de la cuestión.
La única posibilidad que tenemos, por el momento, de conocer cómo piensan los socialistas en cuestiones de urbanismo es ver cómo se comportan allá donde gobiernan. A fin de cuentas, una política urbanística es, más allá de lo que puedan decir los sufridos programas electorales, aquella que se practica. El resto -incluidas las sandías que con tanto esmero cultiva el consejero González Pons- son maneras de matar el tiempo de un modo más o menos agradable. Ahora bien, si tuviésemos que juzgar esa política por lo que sucede en la provincia de Alicante, nos veríamos en un serio apuro, pues, en numerosos casos, no sabríamos cómo diferenciarla de la que realiza el Partido Popular. Es evidente que debe existir una diferencia, pero cuando volvemos los ojos hacia Catral, Orxeta o Elda, por poner unos ejemplos de actualidad, no somos capaces de encontrarla. Tal vez, nuestra mirada no esté hecha a las sutilezas.
Esta semana, los periódicos publicaban la noticia de que el alcalde de Elda, Juan Pascual Azorín, no atendía las peticiones de la Síndica de Agravios. Había solicitado Emilia Caballero la documentación de un plan de urbanismo que pretende construir un campo de golf y varios miles de viviendas y Azorín se ha negado a entregarla. ¿Sabe el lector cuál ha sido el argumento que ha esgrimido este alcalde socialista? Que el expediente era muy extenso y, en consecuencia, el coste de las fotocopias resultaba muy elevado (!). Curioso personaje este Juan Pascual Azorín. En cuatro años, apenas ha logrado resolver alguno de los graves problemas que tiene planteados Elda y ahora quiere remediarlo construyendo un campo de golf y seis mil viviendas.
La negativa de Azorín a atender el requerimiento de la Síndica no es propiamente una novedad. Recuerda ciertos comportamientos que se han hecho habituales entre nosotros. Hay gobernantes que consideran los requisitos de la democracia un obstáculo para desarrollar sus proyectos con la presteza que ellos desearían. Como creen que los votos les han dado la razón, se molestan cuando los ciudadanos les piden cuentas de sus actos y reaccionan desdeñosamente, como lo ha hecho Azorín en esta ocasión. Claro que, al menospreciar a la Sindicatura de Agravios con una excusa impropia, el alcalde de Elda ha devaluado la imagen de la institución. No sabemos si era esto exactamente lo que pretendía. En cualquier caso, el hecho se ha producido en unos momentos en que el Partido Popular está empeñado en desprestigiar las instituciones democráticas. Con su conducta, Juan Pascual Azorín se ha sumado a la campaña.
