El urbanismo salvaje es un factor de riesgo para la seguridad ciudadana

La corrupción derivada del urbanismo salvajes es un nuevo factor de riesgo para la seguridad ciudadana, sobre todo en los municipios costeros de Alicante. Esta es la conclusión más destacada de la comparecencia de tres catedráticos expertos de Derecho Penal en la comisión especial de estudio sobre seguridad ciudadana de las Cortes Valencianas. Los profesores rechazan un endurecimiento de las penas como fórmula para combatir los delitos urbanísticos, y abogan por juzgados especializados dotados con brigadas policiales también especiales.

"Nadie, incluyendo ayuntamientos, policías y hacienda, sabe quién vive en Alicante"

Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alicante, abrió el carrusel de penalistas en la comisión de las Cortes Valencianas sobre seguridad ciudadana. Junto a ella, expusieron sus tesis, sus homólogos de Universidad de Valencia y Jaume I de Castellón, Juan Carlos Carbonell y José González Cusac, respectivamente.

La catedrática Juanatey fue la más tajante a la hora incidir en el fenómeno de la corrupción urbanística como factor añadido a la inseguridad ciudadana. "La provincia de Alicante presenta todos los factores de riesgo, de corrupción y de infiltración de delincuencia organizada que la sección de Málaga del Instituto Interuniversitario de Criminología de Andalucía detectó en su estudio sobre la Costa del Sol, que se realizó antes de las salida a la luz de la corrupción del Ayuntamiento marbellí", aseguró.

Para Juanatey, los factores de riesgo inherentes a esa modalidad delictiva son: la firma de convenios urbanísticos entre constructores o promotores y ayuntamientos que representan dudosos beneficios para el municipio y con recalificaciones favorables a los primeros; la desatención de la inspección urbanística; el descuido de un interés general tan importante como el medio ambiente (gran consumo de suelo, agua y energía); y la tendencia a la legalización de facto de las construcciones irregulares.

A preguntas de la diputada socialista Josefa Andrés, portavoz de la Comisión de Justicia y Administración Pública del PSPV-PSOE, sobre el alcance real de la influencia de la corrupción en la inseguridad, la catedrática aseveró: "Una recalificación prevaricadora supone inseguridad en el sentido más amplio, es decir, de generar el descrédito de las instituciones, lo que antes se decía, que se vea a los políticos como seres que buscan el interés propio de los partidos".

Juanatey subrayó otras características que hacen de Alicante, "una oportunidad para el delito", entre ellas, su carácter turístico, con más blancos para el delito patrimonial y su desordenado urbanismo, escondite perfecto para los grupos mafiosos. "Nadie, incluyendo Ayuntamiento, la hacienda pública y los tres cuerpos de policía sabe exactamente quién vive en la provincia", dijo.

Juanatey concluyó que la fórmula para combatir las prácticas corruptas relacionadas con la actividad urbanística no es endurecer las penas, sino a través de jueces "muy especializados" y dotados con los agentes necesarios para investigar las complejas tramas.

Juan Carlos Carbonell resumió: "Los delitos urbanísticos afectan en la medida en que los ciudadanos tendrán cierta desconfianza en las instituciones, en la sociedad, y en definitiva en el Estado. El urbanismo feroz produce un tipo de delincuencia violenta, fundamentalmente contra el patrimonio, que favorece las bandas y grupos organizados".

En esa dirección, el catedrático González Cusac, destacó que determinado modelo de crecimiento urbano y económico alimenta las expectativas de enriquecimiento rápido y, por tanto, atrae "la criminalidad que busca blanquear dinero".