ELA y LAB rechazan que el Parlamento reforme el funcionamiento de los dos órganos de diálogo social

Los sindicatos nacionalistas ELA y LAB mostraron ayer su rechazo a que el Parlamento cree en su seno una ponencia para estudiar la reforma, impulso y revitalización de los dos principales órganos de diálogo social en Euskadi: el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) y el Consejo Económico y Social (CES). El actual reglamento de ambos organismos otorga a las centrales nacionalistas la capacidad de bloquear cualquiera de los dictámenes que emiten.

Gobierno, sindicatos, patronal y agentes sociales coinciden en que los dos organismos se hallan en crisis. El presidente del CRL, Martin Auzmendi, ha vuelto a su actividad profesional como abogado, aunque mantiene las tareas de representación y organizativas del cargo, sin remuneración, casi un naño después de anunciar su dimisión tras perder la confianza de ELA. En todo ese plazo, ha sido imposible acordar el nombre de su sustituto.

El del CES, Antxon Lafont, propuesto para el cargo por ELA y LAB, reconoció en el Parlamento el pasado año que "o se cambian las bases de funcionamiento, o las maneras de actuar de las partes, o el Consejo no tiene ningún futuro".

En esta situación, el Parlamento acordó el pasado viernes con los votos del tripartito, el PSE y el PP crear una ponencia en el seno de la Comisión de Trabajo y Acción Social para intentar revitalizar ambos organismos y reformar su funcionamiento.

ELA y LAB difundieron ayer un comunicado conjunto en que atribuyen la "profunda crisis" de las dos entidades de diálogo social a las "limitaciones estructurales del marco estatutario", que estiman "agotado". Las dos centrales nacionalistas sostienen que, ya que las instituciones vascas "carecen de competencias legislativas en materia económica y sociolaboral y no han mostrado ningún interés en desarrollar un marco propio de relaciones laborales y protección social", no tiene sentido la reforma.

Extienden sus críticas a CCOO, UGT y Confebask, presentes también en los dos organismos, por haber dado prioridad al marco estatal sobre el "marco vasco de relaciones laborales".

Sus principales acusaciones se dirigen a la patronal, que "sabotea los ámbitos de participación institucional porque se encuentra cómoda en un marco estatal de diálogo social y no quiere mesas de diálogo con contenidos reales". También culpan a las instituciones por practicar "políticas neoliberales" y mantener "una unidad de acción práctica con los empresarios".