Bilbao promete que no habrá nuevos peajes en Vizcaya

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, se comprometió públicamente ayer a que no se implanten nuevos peajes en las carreteras de este territorio y a que no haya aumentos del precio, salvo los anuales por la subida del IPC, en los dos viales que tienen canon: la autopista A-8 y los túneles de Artxanda, el acceso a Bilbao desde el aeropuerto y el valle del Txorierri.

La máxima autoridad vizcaína intervino en el debate sobre la aprobación de la nueva norma foral de carreteras, elaborada por la Diputación tras la sentencia del Tribunal Superior que consideró ilegal la anterior normativa en lo relativo al cobro del peaje de la A-8. El texto quedó aprobado definitivamente con el rechazo del PP y Ezker Batua. El PSE fue el único partido de la oposición que apoyó a los nacionalistas del PNV y EA.

Este asunto provocó un largo debate en el pleno de la Casa de Juntas de Gernika, en el que se repitieron los argumentos esgrimidos hace una semana en la comisión de Infraestructuras. La norma se adapta a una directiva de la Unión Europea que fija el canon en función de los costes de la autopista (incluyendo los medioambientales) y abre la posibilidad de implantar peajes en otras carreteras. El PP insistió en que la Diputación pretende ampliar el pago en los viales del territorio. Esta argumentación fue la que llevó a intervenir en el pleno a José Luis Bilbao.

El PSE censuró a los populares por lo que calificó como "una farsa" y justificó su apoyo a la nueva norma porque "preserva el plan de accesibilidad", el proyecto de media docena de nuevas carreteras, entre ellas la Supersur, la nueva autovía paralela a la A-8 que será la mayor inversión pública en Euskadi en una carretera, con más de 1.200 millones de euros.

En la sesión se rechazó otra propuesta del Partido Popular que pedía rebajar en ocho puntos las aportaciones de las diputaciones al Gobierno vasco fijadas en la Ley de Territorios Históricos (LTH).

En cambio, los grupos aprobaron por unanimidad una iniciativa de los populares para que la Diputación elabore un programa para la promoción de la accesibilidad. El PP señaló que la ejecución de dicho plan viene obligada por una ley aprobada en 1997 que garantiza el acceso al medio físico de todas las personas, en especial las que presentan algún tipo de limitación.