El PP lleva al Superior la norma vizcaína de carreteras
El PP continúa su cruzada contra el peaje en la A-8 a su paso por Vizcaya. Los populares anunciaron ayer que recurrirán al Tribunal Superior vasco la nueva norma foral de carreteras, que será aprobada hoy por el pleno de las Juntas Generales, ya que ampliará el cobro de peajes en otras carreteras vizcaínas y mantendrá el de la Bilbao-Behobia.
Esta formación llevó el cobro en la autopista a los tribunales en 2003, cuando la A-8 pasó a manos públicas, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo aceptó de manera parcial su demanda, al estimar ilegal que el peaje se destinara a otras infraestructuras viarias diferentes. El caso está pendiente que el Tribunal Supremo falle el recurso presentado, pero llevó a la Diputación a elaborar una nueva norma de carreteras para evitar "inseguridad jurídica". En noviembre, el consejo de gobierno aprobó la norma, que la pasada semana pasó el trámite de la comisión de las Juntas y hoy llega al pleno.
La normativa se ha basado en la legislación europea, que fija el canon en función de los costes de la autopista, incluyendo la contaminación y las afecciones al medio ambiente. Con ello, se faculta a establecer peajes en cualquier carretera. El PP asegura que, tras las elecciones de mayo, se extenderá el pago en otros viales, algo que el PNV, que gobierna la Diputación, lo ha calificado de "mentira". El diputado de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero, se ha limitado a afirmar que este verano se revisará el canon de la A-8.
El portavoz del PP en las Juntas Generales, Carlos Olazabal, recordó que la legislación europea establece que las infraestructuras que tengan más de 30 años -la A-8 está en servicio desde 1975- no están sujetas a peaje. "No estamos de acuerdo en que, además de los impuestos, nos cobren peajes", argumentó ayer Olazabal, quien se mostró convencido de que los tribunales aceptarán su demanda, porque la norma es "injusta, discriminatoria e ilegal". El representante del PP aseguró que su partido no se opone a los peajes en infraestructuras públicas, pero rechazó lo que denominó "modelo vizcaíno", que hace que los ciudadanos paguen, además de sus impuestos, por el uso de una infraestructura "que ya está amortizada", en referencia a la A-8.
Agregó que la directiva de la UE en la que se basa la norma foral "no es de obligado cumplimiento" hasta 2012.
