Portugal introduce criterios de eficacia para la promoción de los profesores

El nuevo Estatuto de la Carrera Docente, que entró en vigor el pasado 19 de enero en Portugal, fue saludado por el sindicato mayoritario de profesores, la Fenprof, con una declaración solemne: "Día de luto nacional". Parece algo exagerado, pero los cerca de 140.000 maestros que se ocupan de los 1,7 millones de alumnos del país están en pie de guerra contra una reforma muy profunda, que cambia, por primera vez en 30 años, su manera de trabajar y que consideran "negativa, arbitraria" y basada en criterios que priman los resultados por encima de la labor profesional o las enseñanzas impartidas.

Se prevé incluir nuevas materias y subir la edad de escolarización hasta los 18 años

El Gobierno socialista se esperaba el enfado: "Sabíamos que la reforma del estatuto produciría mucha contestación", explica el secretario de Estado adjunto de Educación, Jorge Pedreira. "Pero hacía mucho que el diagnóstico estaba hecho y nadie se atrevía a aplicar el tratamiento. Sabemos que la reforma rompe del todo con la cultura profesional de los profesores. Introduce criterios de eficacia, mérito y responsabilidad en el cuerpo de funcionarios que más vivo ha mantenido el espíritu de la Revolución de Abril. El igualitarismo del colectivo consistía en que todos hacían lo mismo, llevaran dos años o 20 de carrera, y en que la responsabilidad se diluía completamente. Los méritos no se tenían en cuenta y no había jerarquía".

Pedreira señala, además, que la reforma era más ambiciosa en origen y que redujo su impacto de acuerdo con los sindicatos: "Había una columna vertebral que el Gobierno consideraba imprescindible, pero hemos consensuado algunos mínimos y gran parte del proceso de transición".

El cambio legislativo que regula los nuevos derechos y deberes de los profesores consagra una mayor dedicación de los maestros a la escuela, sobre todo en las tareas no docentes; modifica la elección del consejo directivo (antes colegiado y electo por los maestros, ahora nominal y votado por la comunidad escolar), introduce las nuevas clases de sustitución y crea mecanismos para controlar mejor la calidad de la enseñanza individual y analizar las promociones de los profesionales.

Además, consagra un nuevo modelo de concursos (antes eran anuales y ahora serán bianuales y se refuerza la inspección de la docencia), y crea dos categorías distintas de maestros: una superior, de profesor titular (de la que sólo puede formar parte un tercio de la plantilla total de cada colegio), y otra de profesor. También se premiará con incentivos económicos a los mejores profesores y los que quieran ascender deberán someterse a una evaluación.

El efecto será inmediato sobre la vida laboral de los maestros, que ya han recurrido en los tribunales la obligación de cubrir las sustituciones sin cobrarlas aparte (hay ya algunas sentencias favorables), y que están dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional para defender sus derechos.

Los sindicatos consideran la política educativa de la ministra Maria Lurdes Rodrigues un ataque frontal a los maestros, que "desfigura la profesión docente, minusvalora el acto de enseñar y degrada la escuela pública". La Fenprof afirma que el nuevo estatuto desmotiva a los profesores, mandará a miles de ellos al desempleo y obligará a otros a cambiar de ciudad para mantener sus trabajos. El Gobierno desmiente esa visión sobre la movilidad ("al revés, queremos reducirla para dar estabilidad al sistema"), acusa a algunos maestros que tienen sus horas laborales reducidas atendiendo a su edad, de trabajar al mismo tiempo en la escuela privada, y esgrime razones de eficacia y calidad para acabar con la "caótica y peculiarísima" organización de los maestros, pero niega que vaya a producir más parados. "El día 12 empezarán las reuniones bilaterales para elaborar el reglamento del estatuto", anuncia el secretario de Estado.

Los datos, ajenos al tono agrio de la polémica, parecen indicar que Portugal necesitaba actuar con determinación y urgencia para mejorar unas cifras macroeducativas que el propio ministerio considera "completamente inaceptables": un 40% de abandono escolar (tres de cada cuatro alumnos que dejan los estudios se ponen a trabajar; 15 de cada 100 se van antes del noveno año), una tasa de escolarización estancada si no decreciente desde la segunda mitad de la década de los noventa (y no sólo por razones demográficas). Finalmente, en Portugal solamente el 12% de la población activa tiene completada la educación secundaria.

El partido socialista, que en su programa electoral se trazó el objetivo de reducir a la mitad la tasa de abandono, comenzó el año pasado a actuar cerrando 1.700 escuelas con menos de 20 alumnos (este año están previstos 900 más). Ahora prevé enriquecer el currículo escolar con nuevas materias, subir la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años (introduciendo la formación profesional en la secundaria), y crear la figura del profesor único en los primeros dos años de secundaria. La batalla no ha hecho más que empezar.