Investigan la posible conexión con países del Este de la red de tráfico de armas

La red de tráfico de armas desmantelada en las comarcas de Xinzo y Verín y en la provincia de Zamora podría tener conexiones con los países del Este, además de con Portugal. Mientras la Guardia Civil investiga la hipótesis de la supuesta adquisición de las armas en el Este de Europa, los detenidos siete detenidos comenzaron a prestar declaración ante el juez de Xinzo de Limia, quien ha decretado ya el ingreso en prisión sin fianza para el primero en comparecer, el empresario dedicado a la distribución de bebidas en Verín Castor Villarino.

Ayer continuaban declarando el resto de los arrestados, todos ellos de la provincia de Ourense excepto dos de Zamora. La comandancia de la Guardia Civil custodia las 80 armas incautadas, entre las que figuran tres fusiles, uno de ellos de origen ruso utilizado en la Segunda Guerra Mundial.

La denominada Operación Espingardo, que se ha saldado con el desmantelamiento de una supuesta red de tráfico de armas integrada por jubilados de las comarcas orensanas de Xinzo y Verín, se puso en marcha en febrero de 2006. La denuncia presentada por el dueño de un bar de Xinzo, según la cual alguien había disparado cuatro tiros contra la persiana de su establecimiento, fue el detonante, ya que una vez analizados los casquillos resultó imposible determinar el arma de la que procedían.

Desde entonces la Policía Judicial lleva a cabo la investigación, que se consumó con la detención de dos personas en Puebla de Sanabria (Zamora) la semana pasada. La declaración de éstos hizo posible los arrestos de los integrantes de la supuesta red orensana: el empresario Castor Villarino de 75 años; Antonio Quintas, dueño de una armería, de 63 años, y Emilio González, especialista en la reparación de armas, de 81 años, todos ellos de Verín. Junto a ellos, José González, concejal del PP en Baltar, de 76 años, y un ex empleado del mismo partido en el Ayuntamiento de Xinzo, Daniel G. B., de 55 años.

Entre el material incautado, que permanece custodiado en la comandancia de la Guardia Civil de Ourense a la espera de ser enviado a un laboratorio para conocer dónde fue fabricado o manipulado, figuran tres fusiles de asalto (uno de ellos de procedencia rusa, de la Segunda Guerra Mundial), un subfusil, 17 escopetas, 16 pistolas, 32 revólveres, dos rifles, un lanzagranadas, cinco carabinas, diez metros de cordón de mecha lenta, varios cargadores CETMEN de pistolas y escopetas, diversas partes sueltas de armas (cañones, tambores de revólver y correderas de pistolas, entre otras), así como abundante munición. Todo el material hallado por los agentes se encontraba en perfecto estado, listo para ser utilizado, a excepción de las pistolas incompletas a las que Emilio González iba añadiendo las piezas.

Según fuentes de la investigación, la red de jubilados orensana estaba perfectamente jerarquizada, de forma que Antonio Quintas era el responsable de efectuar las compras de las armas a través de internet, supuestamente en fábricas de Eibar, y por medio de subastas realizadas en diversos puntos del Norte de España. Quintas las entregaba a Emilio González, quien las ponía a punto en su taller de reparación y, finalmente, los otros tres detenidos (de Riós, Baltar y Xinzo) las comercializaban de forma ilegal en el mercado negro.

Los vecinos de los detenidos atribuyen experiencia a los integrantes de la red, ya que atribuyen a la mayor parte de éstos un pasado basado en el estraperlo (aunque básicamente de productos de alimentación) en los años del franquismo.

Con estas detenciones y la incautación de las armas, la Guardia Civil da por zanjada la primera parte de la Operación Espingardo, pero mantiene abierta una segunda vía de investigación, encaminada a localizar a los compradores del material. Los responsables de la Policía Judicial orensana sospechan que los destinatarios del armamento se encuentran fundamentalmente en el ámbito de la propia provincia de Ourense.

Mientras tanto, los detenidos continúan prestando declaración ante el juez de Xinzo. A última hora de la tarde de ayer lo hacían los verinenses Antonio Quintas y Emilio González, después de que el primero en comparecer en el juzgado, en la tarde del martes, Castor Villarino, haya ingresado ya en prisión sin fianza.