Los vocales progresistas y conservadores se reparten dos plazas vacantes en el Supremo

El pleno del Consejo del Poder Judicial, en funciones desde hace tres meses, nombró ayer al fiscal Manuel Marchena Gómez y al magistrado de Pontevedra Luciano Varela Castro para cubrir las dos vacantes que había en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Tras dos meses de diálogo, los vocales progresistas y conservadores alcanzaron un acuerdo para cubrir estas vacantes, bloqueadas desde hace tres meses. Estos nombramientos requieren el voto de al menos 13 de los 20 posibles (minoría de bloqueo) en el Consejo. Aún quedan por cubrir otras cinco plazas.

Marchena -que obtuvo 13 votos en una votación en la que la juez Consuelo Madrigal Martínez-Pereda logró cuatro y Antonio del Moral García, dos- había sido propuesto por los conservadores. Cubrirá la plaza del juez José Antonio Martín Pallín, jubilado recientemente.

Luciano Varela Castro, de la Audiencia de Pontevedra y propuesto por la minoría progresista, sustituirá a Siro García, también jubilado. Varela logró 14 votos. A la plaza de Siro García también optaba el magistrado Carlos Moreno Millán, que obtuvo cuatro votos. Para nombrar a los magistrados del Supremo son necesarios al menos 13 votos. La mayoría conservadora aglutina 10 votos, incluido el del presidente; la minoría progresista, nueve. Además, hay un vocal de consenso entre PSOE y PP, Agustín Azparren. "Estos nombramientos demuestran que el Consejo, aunque esté en funciones, sigue ejerciendo su cometido con responsabilidad", señaló ayer Enrique López, portavoz de este órgano.

Los vocales siguen sin ponerse de acuerdo para cubrir las tres plazas vacantes que hay en la Sala Quinta de lo Militar del Supremo; otras dos en la Sala Tercera de lo Contencioso, y la plaza del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En teoría, dos de las tres plazas vacantes en la sala militar deben cubrirse de entre los juristas que figuran en sendas ternas enviadas al Consejo por el Ministerio de Defensa.

Hay nombres sobre la mesa, pero el acuerdo parece lejano. Los conservadores apuestan por nombrar a una persona afín a ellos para la plaza destinada a jueces y aceptar los primeros nombres de militares que figuran en sendas ternas de Defensa. Los progresistas sólo estarían dispuestos a consensuar una de las dos plazas militares, pero no todas, ya que existe "un proyecto legislativo en curso que suprime dos plazas" de la Sala Quinta del Supremo. Cubrir las tres implicaría "dejar sin efecto" esa norma, explicó ayer el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas. También queda por cubrir la dirección de la Escuela Judicial, radicada en Barcelona. En principio, hay consenso para que esta plaza la ocupe un juez a propuesta de la minoría progresista.

El Consejo, además, reeligió a Ignacio Espinosa como presidente del Tribunal Superior de La Rioja y a Concepción Espejel como presidenta de la Audiencia de Guadalajara.