Cierre a la vía penal por el derrumbe en el que murió un joven de Cádiz

La Audiencia de Cádiz ha cerrado la vía penal al caso del derrumbe de un antiguo edificio militar en la capital gaditana, ocurrido en la zona conocida como Campo de las Balas el 16 de noviembre de 2004. En este siniestro falleció un joven de 15 años y otros dos, de 15 y 16, resultaron heridos.

Los familiares de las víctimas reclamaron responsabilidades al Ayuntamiento. El juez archivó el caso, ellos recurrieron y ahora la Audiencia lo desestima al entender que no se puede culpar al Consistorio del desplome de ese inmueble, aunque deja abierta las reclamaciones por la vía civil.

El teniente de alcalde de Patrimonio, José Blas Fernández (PP), fue imputado por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, y el secretario municipal, Antonio Ortiz, como presunto autor de un delito de encubrimiento por no facilitar algunos informes.

El 31 de marzo de 2006 el Juzgado de Instrucción número uno de Cádiz dictaba un auto de sobreseimiento provisional del caso porque "no consta la debida justificación de la perpetración de los delitos". Los familiares recurrieron pero, en un auto del 17 de enero, la sección tercera de la Audiencia no lo admite con lo que confirma el sobreseimiento del caso.

Según consta en este auto, de las pruebas periciales se desprende que "no era previsible que a la vista del estado del edificio éste se derrumbara, toda vez que los elementos estructurales del mismo se encontraban en buen estado".

Consecuencias

Juan Antonio Acosta, uno de los dos heridos, relató que aquella mañana se había saltado las clases y había acudido con sus dos amigos a estos edificios de propiedad municipal. Jugaban a lanzar una pelota contra una pared cuando la pared se rompió y el suelo cedió. Quedaron sepultados bajo los escombros. Su amigo Manuel Gallardo falleció y a él le quedaron cicatrices y heridas que le permanecerán para siempre.

Su familia y la de su amigo fallecido piden responsabilidades al Ayuntamiento porque consideran que el edificio estaba en mal estado y no se impedía el uso de estas instalaciones, que eran usadas como aparcamiento o sede para asociaciones, además de albergar a indigentes. La Audiencia ha quitado la razón a las familias y considera que no se puede probar que el edificio estuviese ruinoso.

El teniente de alcalde José Blas Fernández hizo público ayer este auto y reclamó la dimisión del portavoz del PSOE de Cádiz, Rafael Román, por "haber utilizado esta desgracia con fines partidistas" y anunció acciones judiciales para reparar el honor de los imputados.

Román le respondió que no retirará "ni una coma"en su reclamación de responsabilidad política del Ayuntamiento en este caso. "Los hechos no los cambia ninguna sentencia", aseguró.

La familia intentará reclamar una indemnización al Ayuntamiento o reabrir el caso por la vía contenciosa-administrativa.